En España no es políticamente correcto hablar de dinero, sobre todo en público y menos si se trata del que cobra uno. Pocas veces se escucha a los representantes públicos hacerlo y en contadas ocasiones se ha oído en el Pleno de Ceuta a los políticos entrar en harina salvo para echar en cara al presidente que estaba entre los alcaldes mejor pagados de España. Solamente Mohamed Ali, desde la oposición, fue franco para decir que los consejeros cobraban, hace ya años, “poco”.
Poco es relativo. Casi 54.600 euros brutos al año es lo que perciben en 14 pagas de 3.900 euros cada este año los miembros del Ejecutivo local a excepción de Vivas, pues ya no hay vicepresidentes, como la pasada legislatura, cuando a estos últimos se les asignaron cerca de 69.000 para que Guerrero, Rontomé y Deu no perdiesen poder adquisitivo.
Puede parecer mucho si se comparan con los algo menos de 2.500 al mes que el INE situaba en 2021 como sueldo medio bruto mensual en la ciudad. Es ‘poco’ si se intentan equiparar con los más de 5.050 asignados a los directores generales y la jefa de Gabinete del presidente.
Además estos tienen derecho a que la Ciudad les cubra, si son funcionarios de carrera suyos en servicios especiales, los trienios por antigüedad y la indemnización por residencia. Con ese suplemento algunos se iban ya hace años por encima incluso de los 84.237,56 euros asignados este 2023 a Vivas, que al dejar de ser funcionario ya no percibe además trienios.
En el rango de 5.000 por paga estaban hasta ahora casi todos los gerentes de sociedades municipales y organismos autónomos, algunos bastante por encima y otros por debajo, como el de Amgevicesa, al que se acaban de actualizar sus remuneraciones para llevarlo a ese nivel. Con el de Acemsa se ha acordado subir su sueldo a 90.000 brutos anuales atendiendo al volumen de trabajo que ha absorbido.
El resultado final es un dislate en el que los consejeros llegan a cobrar casi un 50% menos que algunos directores generales y gerentes que tienen bajo su mando, pero ninguno ha alzado públicamente la voz a pesar de que ya van a cobrar más hasta algunos asesores.
Para intentar corregir al menos un poco el sinsentido PP y PSOE valoran, sin exponerse al titular de ‘se suben el sueldo’, seguir el ejemplo de Melilla y levantar el veto actual a que los miembros del Gobierno de la Ciudad y los vicepresidentes de la Mesa no puedan percibir también la indemnización por asistencia a Pleno, que este año está fijada en una cantidad bruta mensual de 1.382,42 euros.
Los integrantes del Ejecutivo local (esta legislatura Kissy Chandiramani) tampoco cobran los 520,2 euros al mes que sí perciben el resto de portavoces de grupos políticos y con los que Gutiérrez, Redondo, Hamed y Mustafa alcanzan los 1.900 de dieta.
Los diputados de la oposición pueden en general compaginar esa condición y el cobro de las indemnizaciones por asistencia al Pleno con sus trabajos salvo en excepciones puntuales como las de los miembros de las Fuerzas de Seguridad (por ejemplo, Francisco José Ruiz de Vox, policía nacional) o quienes también son empleados de la administración local (José Antonio Carracao durante una época).
En ese caso, en el que quedaría el socialista Juan Gutiérrez si se municipalizase la limpieza pública viaria, el parlamentario debe renunciar a su acta o quedarse en la Corporación dejando su trabajo y sueldo y ajustarse a los casi 1.400 de la dieta (520 más si se trata de un portavoz), que no contempla cotizaciones sociales.
Durante un tiempo el Reglamento de la Asamblea articuló un mecanismo para compensar a sus empleados públicos electos: que pudieran “optar entre percibir la cuantía de las indemnizaciones por asistencia a Pleno y Comisiones de las que formen parte que señale el Pleno o la cuantía que vinieran percibiendo por el desempeño de su puesto de trabajo”.
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