El Gobierno de Vivas ha cerrado una propuesta de modificación del régimen de bonificaciones en el ‘recibo único’ que aglutina las tasas por prestación de servicios de abastecimiento de aguas, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos y estación depuradora de aguas residuales con el fin de introducir la renta familiar como criterio y excluir de rebajas a aquellas con ingresos superiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532,51 euros al mes.
Si los planes del PP prosperan supondrán un cambo radical en el sistema actual de bonificaciones, ligado a la categoría de las calle en la que se ubique la vivienda de residencia sin más factor corrector.
El Ejecutivo local justifica la conveniencia de retocar las bonificaciones fiscales vigentes “en aras a una aplicación de las mismas que impliquen una mayor justicia tributaria”.
Desde 1998, las tasas que en la actualidad integran el ‘recibo único del agua’ cuentan con un escalado tarifario que tiene en cuenta la ubicación de las viviendas en función de la categoría fiscal de la calle o vía donde se ubica, resultando que las tarifas aprobadas para las calles de categoría A se van reduciendo porcentualmente: un 20% en las de categoría B; un 30% en las C; un 40% en las D y un 50% en las de nivel fiscal E.
El Pleno de la Asamblea acordó en 2012 a propuesta de Caballas aplicar a las viviendas ubicadas en las vías de categoría C, D y E bonificaciones del 50%, el 75% y el 95%, respectivamente, sin tener en cuenta tampoco la capacidad económica del obligado tributario.
El mecanismo resultante, que cuesta a la Ciudad 2,4 millones de euros al año, es sencillo pero injusto, ya que según el Gobierno da pie a “una casuística muy diversa de supuestos en los que el sujeto pasivo carece de recursos económicos y no puede acceder a esta bonificación mientras obligados tributarios con gran capacidad económica gozan de esta ventaja fiscal”.
El sistema actual beneficia al 61,40% de las unidades familiares. El que promueve la Consejería de Hacienda, referenciado directamente a la capacidad económica de las mismas, alcanzaría al 46,3% de las familias, siendo el mayor porcentaje “el de aquellas unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM (28,9%)”, 7.455 obligados tributarios en términos absolutos que solo pagarían un 15% de la tarifa. A continuación se beneficiarían de rebajas (62% menos) 2.333 usuarios cuyos ingresos oscilan entre una y 1,5 veces el IPREM, y 2.558 obligados con hasta 2 veces el IPREM (-34%).
Mayores de 65 años y familias numerosas pagarían un 50%.
Para el Ejecutivo de Vivas está claro que “el nuevo sistema de bonificaciones incorporaría criterios de justicia tributaria y de redistribución de la renta, principios estos de cuya inexistencia adolece nuestra Ordenanza Fiscal”. La modificación propuesta no supondría beneficio ni coste alguno para las arcas públicas más allá del coste de gestión de su implantación y mantenimiento.
“Cautos” con el agua para no fomentar el “despilfarro” en su consumo
La propuesta de reforma del sistema de bonificaciones al ‘recibo único’ establece que “hay ser extremadamente cautos en la bonificación al suministro de agua excluyendo de la misma aquella parte de la cuota compuesta por el factor variable de la misma, dado que una bonificación excesiva supondría fomentar el despilfarro del agua mediante el uso irresponsable y descontrolado de la misma”.
En este sentido, la Directiva europea 2000/60 de 2000 estableció un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas en cuyo artículo 9 dispone que su política de precios “deberá proporcionar incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales”.
El Ejecutivo local opina que el nuevo sistema encontraría acomodo en el artículo 31 de la Constitución que dispone que “todos” deben contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, así como en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales que establece que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta “criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”.
Pese a caer el porcentaje de población beneficiaria, el Gobierno defiende que “se estima en el 46,3% de la población, 13.015 hogares que accederían a los distintos tipos y tramos de bonificación tributaria en función de su capacidad económica, un porcentaje superior al que ser recoge en la Encuesta de Condiciones de Vida 2016, que lo sitúa en el 36 % de la población.
“Alcanzaría al 40% de las familias cuyos ingresos no superan el 40% de las rentas medias de Ceuta”, resume la consejera.
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