El PP presenta enmiendas a la ley de los mutualistas que se pasan al RETA

El Partido Popular ha presentado varias enmiendas a la proposición de ley del PSOE que regula la pasarela a la Seguridad Social para quienes cotizan en mutualidades profesionales. Una medida de la que muchos en Ceuta están pendientes.

En este sentido, recalcan que “la regulación responsable de una pasarela al RETA es una exigencia de protección social que el Gobierno ha ignorado de manera reiterada y que, desde el GPP, queremos abordar con seriedad y compromiso”.

Asimismo, han criticado que llevan “mucho tiempo” exigiendo un Pacto en este asunto y, por ello, “lo incorporamos a nuestro programa electoral en 2023, logramos que el Pleno del Congreso aprobase una Proposición no de Ley en abril de 2024, y hemos exigido al Gobierno que nos remitiese la información y los datos necesarios para poder avanzar en una solución seria”.

Demandas

Entre las demandas de los populares están la de que el Ejecutivo informe de cuántos profesionales colegiados que tengan una pasarela han transferido sus derechos económicos acumulados en una mutualidad al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En concreto, los populares exigen el desglose por colectivos y mutualidades, así como el impacto económico de las distintas fórmulas de integración en la sostenibilidad del sistema, los estudios técnicos y actuariales disponibles y aquello que sea necesario para diseñar mecanismos específicos que atiendan situaciones de vulnerabilidad acreditada.

“La pasarela que se configure reglamentariamente supondrá que la integración al RETA se hace en igualdad de derechos y obligaciones y garantizando plena seguridad jurídica y administrativa”, remarca el Grupo Popular.

Asimismo, han incluido en las enmiendas presentadas un incremento progresivo de las cuotas hasta 2028, cuando se alcance el 100% de la cuota mínima del RETA en función de los rendimientos netos.

En el texto también se hace hincapié en la transparencia de los datos verificables, por lo que solicitan la vinculación del desarrollo reglamentario al acuerdo vinculante precio en el marco del Pacto de Toledo en el plazo de seis meses.