El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con el fin de incluir una partida de 2 millones de euros que sirva para “favorecer la fidelización y la atracción efectiva de profesionales sanitarios en los centros de atención primaria de Ceuta y Melilla para consolidar y aumentar la plantilla de recursos humanos existente y posibilitar un mejor funcionamiento de los propios centros, así como mejores resultados asistenciales”.
Además, el PP ha propuesto incluir una Disposición Adicional en virtud de la cual se establezca, con vigencia indefinida, un sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la península, así como el efectuado entre dichas ciudades autónomas y otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre espacio económico europeo”.
El porcentaje de bonificación sería de “hasta el 100%” de los costes subvencionables, en los términos y condiciones y con el procedimiento que se establezca por el Gobierno mediante Real Decreto.
El PP aspira a que se subvencione todos los costes del transporte de mercancías
De acuerdo con la iniciativa parlamentaria, el objetivo es “completar el mandato comunitario, y rectificar lo dispuesto en el apartado 5 de la disposición adicional centésima vigésima novena de la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado de 2017, en lo que se refiere al sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y la Península, así como el efectuado entre dichas ciudades autónomas y otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del acuerdo sobre espacio económico europeo. Asimismo, en concordancia con la disposición adicional centésima cuadragésima octava, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con las subvenciones al transporte de mercancías, que preveía que los porcentajes establecidos en los apartados uno y tres de la disposición adicional centésima vigésima novena de la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, serían de aplicación a transportes realizados”.
Literalmente, el PP reclama “un sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la península, así como el efectuado entre dichas ciudades autónomas y otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre espacio económico europeo”.
El porcentaje de bonificación será de hasta el 100% de los costes subvencionables, en los términos y condiciones y con el procedimiento que se establezca por el Gobierno mediante Real Decreto.
Cinco millones para un Plan de Empleo especial
El PP ha presentado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con el objetivo de incluir una partida de cinco millones de euros destinada a poner en marcha un “plan integral de empleo” en la ciudad autónoma.
Otro medio millón ha solicitado destinar a “ampliar la bonificación existente para otros sectores en las aportaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social al sector de los agentes y corredores de seguros que, en el caso de Ceuta y Melilla, adopta la forma de pequeños autónomos que actúan como agentes y corredores de seguros”.
El PP ha pedido subvencionar los viajes de los menores no residentes
Los de Juan Vivas han reclamado, además, “extender” el beneficio de la bonificación al transporte aéreo y/o marítimo del 75% de la tarifa del servicio regular por cada trayecto de ida y vuelta, o de ida, en los viajes a la península y entre islas, de aplicación a los residentes, a “los menores de edad no emancipados y no residentes en los territorios de las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta o Melilla, cuando uno de los progenitores o tutor legal figure empadronado en los territorios indicados”.
El objetivo de la iniciativa es “garantizar la igualdad de derechos a menores no emancipados hijos de residentes extrapeninsulares, y progenitores en su caso”, según se recoge en la propuesta formulada en la Cámara alta.
