El PP niega a Ceuta con los menores la solidaridad que pregona

El Ministerio de Juventud prevé poner en marcha la próxima semana con la convocatoria de la Comisión Sectorial (órgano de trabajo y apoyo técnico) el procedimiento para volver a llevar a la Conferencia de Infancia, en la que se sientan los responsables políticos de las autonomías con el Gobierno central, una propuesta para consensuar una respuesta coordinada y conjunta de país al desbordamiento de los sistemas de acogida de menores migrantes solos que padecen, saturadas, Canarias y Ceuta. El martes de la semana pasada, en la última reunión de consejeros del ramo, los representantes del PP, incluido el de Melilla, negaron a ambas regiones la solidaridad que los de Feijóo abanderan y pregonan ante la posibilidad de que Cataluña alcance un sistema de financiación “singular”. El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, exdiputado nacional por Ceuta, ha abogado este lunes expresamente por primar ese principio por encima de todos, pero ninguno de sus barones y baronesas quiere salir en la foto dando luz verde a recibir un puñado de menores extranjeros vulnerables desde las regiones con mayor presión migratoria infanto-juvenil. Demonizados a diario en los programas de las cadenas de televisión nacional de mayor audiencia, las Comunidades Autónomas, con independencia de su color político, acostumbran a colaborar entre bambalinas, pero evitan a toda costa, incluso renunciando a sus supuestos valores, hacerlo bajo los focos. El principio de acuerdo alcanzado en abril para derivar a 400 menores acogidos en Canarias (300) y Ceuta (100) a la Península y Baleares se quedó en agua de borrajas por intereses políticos partidistas particulares. Los gobiernos autonómicos del PP se han rebelado también contra el proyecto de reforma legal con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé obligar (“será una realidad”, ha reiterado Marlaska) a las autonomías a hacerse cargo este mismo año de 2.500 niños (2.350 procedentes de Canarias y 150 de Ceuta). El mecanismo se financiaría con 125 millones de euros por parte del Estado a repartir sobre criterios ya ensayados en los traslados de 2022 y 2023: población, renta, tasa de paro, esfuerzo que cada territorio dedica a la acogida de menores extranjeros y dispersión de la población. La Ciudad Autónoma tiene acogidos actualmente a 286 menores desamparados. Un total de 112 está en el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza, 91 en Piniers y el resto en los recursos que gestiona la asociación Engloba. Con esas cifras, el sistema de Ceuta soporta un nivel de sobreocupación superior al 320% que hace “insostenible” la situación desde todas las perspectivas, también desde la de la protección del interés superior de los niños, según remarcó Alberto Gaitán en la última Conferencia Sectorial. La Secretaría de Estado de Juventud e Infancia ha cifrado en 145 euros por plaza y día (52.925 euros al año) los gastos a financiar por cada menor trasladado (atención inmediata, actuaciones de información y apoyo, escolarización, inserción sociolaboral, inclusión social...). Además, está dispuesta a aportar una cantidad fija en función de “el esfuerzo de acogida realizado por cada comunidad” que se establecerá “de manera proporcional y progresiva” para hacer frente a “posibles gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema y gastos estructurales, incluido el de personal”. Ni así convence a las CCAA de ser solidarias.

Ética, política y ley

Tal demanda no solo se presenta como un posicionamiento ético y político, sino también como una obligación legal. La protección del “interés superior del menor” es “un importante principio rector de la actuación de los poderes públicos”, como recogen los distintos Tratados Internacionales en la materia empezando por la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 39.4 de la Constitución también establece que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, un “genuino mandato” que debe orientar “la legislación positiva, la práctica judicial, y la actuación de los poderes públicos”. La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor dispone en su artículo 2 que “primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir” y dicho principio se ha incorporado también, por ejemplo, a la de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, en vigor desde 2021. El Tribunal Constitucional también ha sancionado que “el adecuado funcionamiento del Estado autonómico se sustenta en los principios de cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de estas entre sí, además de en el establecimiento de un sistema de relaciones presididas por la lealtad constitucional, principios todos ellos que deben hacerse efectivos al margen, incluso, del régimen de distribución competencial”.