Aróstegui dijo que era obligatorio que figurara en la modificación de crédito una deuda con Fomento
Chandiramani defendió que los informes técnicos eran positivos
Acusación por parte de Aróstegui a los integrantes del equipo de Gobierno de estar cometiendo un posible delito de prevaricación administrativa al votar los dos expedientes de modificación de crédito y no estar contemplada una deuda que tiene la Ciudad con el Ministerio de Fomento por un valor de 3,6 millones de euros.
La polémica partió con la intervención de Aróstegui quien dijo que existía una absoluta irresponsabilidad por parte del Ejecutivo y denunció que se había acabado el año 2016 con déficit, aunque desde la Administración se indicara que no era así para disfrazarlo.
La base de esa denuncia por presunta prevaricación administrativa se presenta por una petición que ha realizado el Ministerio de Fomento a la Ciudad para que le devuelva un total de 3,6 millones de euros que no había sido ejecutados. El mismo Aróstegui llegó a señalar que tenía en su mano y así lo mostró la carta de pago que el Ministerio de Fomento había enviado a la Ciudad Autónoma para su abono, recordando que la presentación de un recurso por parte del Ejecutivo no lleva aparejado la suspensión de la deuda hasta que haya una sentencia y que el expediente debía haber contemplado el mencionado pago porque es obligatorio.
La defensa que sobre este punto realizó la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, fue para decirle a Aróstegui que estaba realizando un mensaje “catastrofista” y que no había déficit en la liquidación del presupuesto del año 2016. Además, de confirmarles que se había recurrido esa petición de devolución por parte del Ministerio de Fomento. Además se aludió a que los informes del expediente eran positivos.
El primer expediente de modificación de crédito tiene un valor de 1,4 millones de euros, de los cuales un millón de euros era para abonar gastos comprometidos del año 2016, y una partida superior al cuarto de millón de euros, destinado a abonar la vigilancia privada que sustituirá e la Policía Local en la vigilancia de determinados edificios.
Crítica La crítica que nació de los diferentes partidos de la oposición se concretó casi en la misma vía, en el sentido de que al final no se pagan las cosas en su momento y luego resulta que se debe utilizar el dinero de este año para ir tapando facturas del ejercicio anterior. Incluso, el portavoz del PSOE, José María Más, llegó a indicar que ellos ya dijeron hace un año que vendría este expediente, “porque se habían calculado mal los ingresos”. Mientras, desde MDyC, Fatima Hamed, mostró los más cuarenta cargos que deberán abonarse con este expediente. Por su lado, Aróstegui, sentenció que aparte de esos 3,6 millones, hay también casi 4 millones que se deben a la Autoridad Portuaria o 1 millón de dos sentencias que se han perdido y que llegaron la semana pasada. La consejera les volvió a contestar a todos ellos que eran gastos comprometidos y que la Ciudad no tenía ninguna culpa si las empresas introducen con retraso las facturas en el circuito. Y en cuando a la deuda con la Autoridad Portuaria dijo que la misma estaba compensada.
También hubo intervenciones en relación con el segundo expediente de modificación de crédito que iba relacionado con partidas por valor de 15 millones de euros que se destinarán a un conjunto de inversiones, entre ellos, más de 9 al Plan de Barriadas. Las críticas por parte de la oposición se concretaron en que se lleva mucho tiempo anunciado estos trabajos y que al final no se realiza ninguno.
Otra de las acusaciones que se vertieron por parte de la oposición se centraba en que no se entendían las razones por las cuales se llevaban dos expedientes de modificación de créditos juntos, cuando resulta que todo se podía haber quedado en uno solo. La explicación que se dio por parte de Kissy Chandiramani fue que ellos habían intentando que el primero se concretara únicamente en gasto corriente y el segundo era nada más que de inversiones.
Nueva revisión por parte del interventor antes de decidir La intervención de Aróstegui en relación con la posible prevaricación administrativa pidiendo el asesoramiento de la secretaria general hizo que interviniera el presidente Vivas. La misma secretaria general intervino para señalar que el expediente tiene todas las bendiciones por parte de Intervención, pero que si en el período de alegaciones se presentaba alguna documentación daría tiempo a que pudiera informarse de nuevo. Eso hizo que el mismo Vivas señalara que ni la consejera ni él tenían conocimiento del documento de pago y que, por tanto, se le diera la oportunidad al interventor para que pudiera pronunciarse y entonces se tomaría una decisión definitiva en torno al expediente de modificación de crédito.
Crédito de 25 millones para obras Dentro de los distintos puntos que se abordaron desde el punto de vista financiero, el último de ellos fue la petición de 25 millones de euros a las entidades bancarias para invertirlos en infraestructuras. La defensa que sobre esta cuestión hizo Kissy Chandiramani fue para señalar que se realizaría con la misma base de siempre y que existirían dos años de carencia y diez para abonar los 25 millones.
Por ejemplo, en este punto, se pronunció el portavoz del PSOE, José María Más, para comentar que se extreme al máximo el rigor en las actuaciones y que, desde su punto de vista, se debería realizar un concurso abierto para que se presentaran tanto entidades bancarias de Ceuta como de otros lugares y que se intentara sacarles a las mismas el máximo partido.
Además, acusó al Gobierno de Vivas de estar gastando el dinero de los ceutíes sin contar con un Plan de Inversiones claro, porque cada pocos meses lo iban cambiando.
Por su lado, la diputada del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fatima Hamed, no se explicaba como en el año 2015 se pidieron créditos por valor de 15 millones y nada más que se habían gastado 3; un total de 27 millones en 2016 y se ejecutaron algo más de 6, con lo cual, ¿ahora no sé para que quieren estos 25 millones”.
Hubo una respuesta por parte de la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, reflejó que normalmente se invita siempre a las entidades bancarias que están radicadas en nuestra ciudad para que presenten sus respectivas ofertas.