Después de 100 días de “líos”, “amnistías”, “atropellos” y “todo parece indicar que también de corrupción” con el nuevo Gobierno, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este jueves en el Senado junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y al consejero de Presidencia de Ceuta, Alberto Gaitán, la proposición de ley registrada por su partido “para la recuperación de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para los empresarios de las ciudades autónomas”.
Empañada por el 'caso Koldo', con el que el PP aspira a erosionar a todo el PSOE empezando por Sánchez, la comparecencia de Feijóo le ha servido para explicar que la iniciativa legislativa para Ceuta y Melilla busca lo que debería perseguir la política, dar “soluciones concretas” a problemas reales.
“Esta proposición quiere subsanar una situación injusta: el Gobierno derogó las bonificaciones instauradas desde 2004 del 50% de las cuotas patronales a la Seguridad Social que favorecían a los sectores productivos de las dos ciudades”, ha contextualizado el político gallego sobre un régimen de ayudas del que se beneficiaban alrededor de 10.000 trabajadores en Ceuta y otros tantos en Melilla.
El pasado 1 de septiembre entró en vigor un nuevo sistema “con más burocracia y confusión, negativo, que no funciona”, y cuya implantación ha sido desde su punto de vista “una injusticia”.
“El Gobierno de Sánchez cometió el error de eliminar las bonificaciones y de sustituir un sistema que funcionaba por otro que no, como ha advertido también la patronal y los sindicatos”, ha apostillado en relación con la propuesta de corrección de un “error” que ha comparado al de la ley del 'solo sí es sí' o la de vivienda.
“Hay otra manera de hacer las cosas y ese es el objetivo de esta proposición: hemos escuchado las dificultades de Ceuta y Melilla y las hemos trasladado a esta iniciativa porque preferimos que el dinero de los ciudadanos se revierta en resolver los problemas de la ciudadanía y no que termine en los bolsillos de los políticos o de personas directamente relacionadas con ellos”, ha insistido en el escándalo que rodea al asesor del exministro Ábalos.
Según el articulado de la iniciativa del PP, “la modificación del sistema no responde a una cuestión presupuestaria en la medida en que el actual aprobado con un régimen de subvenciones para complementarlo hasta el 50% podría suponer un incremento económico, por lo que no existen fundamentos suficientes para que se haya impulsado la derogación de un sistema que venía funcionando correctamente para la implantación de uno nuevo”.
“Desventajas”
Entre las motivaciones a las que apela la proposición de ley están “las desventajas propias derivadas de la situación geográfica de extrapeninsularidad y lejanía con el resto del territorio peninsular”, la reducida extensión geográfica tanto de Ceuta como de Melilla, la inexistencia de sector primario e industrial y su “difícil conectividad”.
También “el hecho singular de ser frontera terrestre con un país tercero [Marruecos] cuya presión política y económica ejercida sobre ambas ciudades españolas ha ido en aumento en los últimos años”.
Igualmente se invoca “el padecimiento de las negativas consecuencias derivadas de las contrariedades de una gestión fronteriza y aduanera con continuas incertidumbres que requieren de un apoyo extraordinario por parte de la Administración nacional que sí proporcionaba la norma derogada a diferencia de lo que sucede con el nuevo sistema”.