Los alcaldes del
Partido Popular, entre ellos el de Ceuta, han emitido un manifiesto este sábado para expresar su “firme oposición a las políticas del Gobierno de
Pedro Sánchez y sus socios de investidura”. Según reza el texto, los populares acusan a estos de “traicionar el interés general de España” y de “poner en riesgo la convivencia, la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos”. En este sentido, han enfatizado en que “los servicios públicos y la igualdad ante la ley no pueden ser moneda de cambio para blindar la Presidencia de Sánchez”, y han denunciado que el Gobierno “ha dejado de priorizar el interés general, anteponiendo las demandas de formaciones separatistas en cada instancia”.
Rechazo a la Ley de Amnistía
Asimismo, han ratificado su rechazo absoluto a la
Ley de Amnistía, argumentando que “no existe ‘
terrorismo bueno’” y subrayando la necesidad de investigar y condenar todo acto terrorista. “No podemos permitir que se blanquee la historia de ETA y se ofenda a las víctimas y a sus familias”, han afirmado. Los populares también han exigido poner fin al “secretismo” en las negociaciones con sus socios sobre “asuntos cruciales para la economía y el bienestar ciudadano”, como los fondos europeos, la reforma laboral, la fiscalidad o las pensiones. “Los españoles tienen derecho a saber qué se está pactando a sus espaldas y qué consecuencias tendrá para su futuro”, han señalado. Además, han advertido que “modificar o derogar” el Código Penal de manera selectiva “es una forma de corrupción política que socava la confianza en las instituciones y genera un sentimiento de agravio e injusticia”. “No podemos tolerar que se indulte a los golpistas del 1-O o que se rebaje la pena a los violadores y asesinos”, declaran.
Defensa de la separación de poderes
Por último, han defendido la separación de poderes y la independencia judicial frente a un Gobierno que, según ellos, “cuestiona y señala a jueces por sus decisiones”. “El Estado de Derecho no puede estar sometido al capricho de Sánchez y sus aliados”, han manifestado. Por todo ello han solicitado la activación de todos los recursos políticos y jurídicos “para evitar que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional se vea condicionada por partidos independentistas, reiterando su compromiso con la Constitución, la unidad de España y la defensa de los intereses de los ciudadanos”.