Aunque el Ministerio ha decidido dejar para después de las vacaciones de Semana Santa el debate definitivo sobre cómo terminará este curso, la extensión del Estado de Alarma al menos hasta el 26 de abril no hace presagiar que el año académico vaya a concluir de una forma parecida en nada a la normalidad. En este contexto incierto, los expertos han comenzado a dibujar posibles finales para esta coyuntura excepcional en el ámbito educativo, donde las universidades andaluzas, entre ellas la UGR, con campus en Ceuta, ya han formalizado su renuncia a volver a las aulas.
El Grupo de Investigación ‘Conocimiento Abierto para la Acción Social’ del Campus local ha lanzado, de la mano de profesores de la Universidad de Málaga, una encuesta dirigida a docentes de todo el sistema educativo sobre cuál de los cuatro escenarios que se barajan les parece más apropiado.
“El cierre de los centros educativos en todo el territorio nacional crea una situación imprevista y nunca antes experimentada, en la cual se generan importantes cuestiones y dudas de calado para el futuro inminente del sistema educativo: ¿podremos seguir con la docencia a distancia como si esta ocurriera en una situación normalizada? ¿podremos atender a la diversidad como corresponde a un sistema educativo inclusivo? ¿podremos garantizar la igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, hacer efectiva ‘la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades’, tal como indica nuestra ley?”, plantea la iniciativa.
El primer escenario contemplado pasa porque la Administración correspondiente, el Ministerio en el caso de Ceuta, “no toma ninguna decisión relativa a la evaluación más allá de mantener el funcionamiento de la docencia y la evaluación similar a una situación ‘normalizada’ del sistema”. Para ello se podría invocar la autonomía de los centros y que sean estos los que decidan.
Los docentes deberían intentar realizar una evaluación del trabajo realizado durante el tiempo de confinamiento sin proceder a ninguna revisión del currículo y, con la información obtenida, efectuar la calificación del tercer trimestre y la final del curso.
El segundo posible final plantea el ajuste del currículo para “acomodarlo a la situación de confinamiento”, ya sea porque la Administración correspondiente acuerda un currículo de mínimos o porque los centros, ejerciendo su autonomía, así lo articulan, los docentes se centran en estos objetivos mínimos para el trimestre que queda y evalúan con los medios que tienen a su disposición.
Para ello sería necesario elaborar tareas diseñadas a tal efectos para estos objetivos mínimos, que serían evaluados con todo el rango de calificaciones disponible, desde la no superación de las materias hasta una calificación de sobresaliente.
El tercer posible escenario apunta a una “evaluación positiva condicionada” que se extendería a todo el alumnado siempre que se cumplan unas condiciones mínimas que podrían “estar vinculadas con cuestiones como la realización de unas tareas globales a entregar en junio”.
Estas tareas se utilizarían para delimitar las calificaciones entre el aprobado y el sobresaliente. Para dar coherencia a todo el sistema y garantizar el ajuste a las peculiaridades de cada centro, las tareas podrían ser definidas mínimamente por la Administración correspondiente y ajustadas por los centros a la realidad de su alumnado.
Un último escenario posible sería “la evaluación positiva sin condiciones para todo el alumnado” atendiendo a que “las dificultades para una docencia o un aprendizaje normalizados, especialmente para el alumnado en situación desfavorecida o con necesidades específicas de apoyo educativo” justificaría “una evaluación positiva del alumnado al mismo tiempo que se definen planes específicos de refuerzo para el curso 2020-2021”.
Además, en aquellas situaciones en las cuales la calificación sea significativa para procesos posteriores (Bachillerato, por ejemplo), se podrían “articular mecanismos específicos basados en datos objetivos (calificación media cursos anteriores o de las dos primeras evaluaciones del curso 2019-2021) como un factor para la calificación final de la etapa educativa en cuestión”.
Mucho pensar en el final del curso pero nadie piensa en la matriculación y posterior tramitación del que viene.
Dando por finalizado el curso parece que se acaba el problema, pero hay que pensar en las colas que se forman en los centros de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos ( generalmente final de mayo) para la matriculación del curso que viene... Cómo se va a controlar eso?
Como siempre educación=profesorado... exclusivamente... Y el personal no docente? Y la organización general del siguiente curso?