Ya está! El Gobierno ha conseguido lo que quería, pues la Audiencia Nacional rechazó la "medida cautelarísima" solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y ha permitido seguir adelante con el nuevo emplazamiento del nuevo campamento para los inmigrantes, en el Puerto de Ceuta.
Pero que nadie confunda una "decisión cautelar" de la Justicia con un "certificado oficial de seguridad". La propia resolución deja claro que no entra en el fondo del asunto y que debe ser el "Ministerio de Interior" quien determine las condiciones de seguridad de los agentes, de los inmigrantes y del resto del personal y, sobretodo, de los 83. 595 ceutíes que viven en Ceuta.
¡Y aquí está el escándalo! Porque mientras el Gobierno insiste en que el puerto es la solución idónea, Interior reconoce oficialmente que instalar allí el campamento incrementa los riesgos de una infraestructura crítica y sensible y ha tenido que ordenar un refuerzo temporal de su protección.
¿En qué quedamos...?
¿Es el Puerto una ubicación segura o una ubicación que incrementa mucho los riesgos...?
¿Y desde cuándo --en un Estado que presume de prevención y de evaluación de riesgos-- las advertencias de quienes tienen la obligación profesional de garantizar la seguridad se convierten en un estorbo e impedimento administrativo...?
El SUP ha reclamado que antes de poner en funcionamiento el dispositivo se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección del personal e instalaciones, emergencias y prevención de riesgos laborales. No está pidiendo ningún privilegio para los policías. Está reclamando algo tan elemental como que quienes van a trabajar allí sepan cuáles son los riesgos posibles y dispongan de las garantías necesarias.
Y el emplazamiento elegido no es, precisamente, ningún solar abandonado.
Son 16.000 metros cuadrados dentro del Puerto de Ceuta, en una infraestructura estratégica, con instalaciones sensibles y muy próximas a zonas muy vinculadas a actividades energéticas y de combustible.
Allí se pretende instalar un dispositivo --que inicialmente se diseñó para alrededor de un millar de personas-- y que el Gobierno prevé utilizar para alojar a muchos más de los inmigrantes llegados a Ceuta.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué parte de las palabras “riesgo” y "peligro" no entiende este Gobierno...?
Cuando los informes policiales advierten de peligros, un Gobierno responsable no debe mirar hacia otro lado, sino detenerse, estudiarlos, contrastarlos y buscar las mejores alternativas.
Pero aquí parece funcionar todo exactamente al revés: primero se decide; después se busca el lugar; luego se construyen las carpas; finalmente aparecen las advertencias y, cuando estas incomodan, se confía en que algún trámite administrativo permita seguir adelante.
Y si mañana ocurre una emergencia... ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿El policía que advirtió? ¿El técnico que señaló el riesgo? ¿El trabajador portuario que tenga que enfrentarse a sus nefastas consecuencias? ¿O el político que decidió que el puerto era la solución porque necesitaba resolver, deprisa y como fuera, un problema que lleva semanas enquistado...?
Una cosa es proporcionar una atención digna a quienes permanecen en Ceuta y, otra muy distinta, convertir una infraestructura crítica en un campamento de acogida porque el Gobierno ha sido incapaz de encontrar una alternativa viable y segura.
La inmigración ceutie no puede gestionarse solo a golpes de improvisación, y mucho menos la seguridad de Ceuta.
Lo verdaderamente preocupante no es que la Audiencia Nacional haya permitido instalar ahí y provisionalmente el campamento, sino que el propio Ministerio del Interior haya reconocido que el campamento aumenta los riesgos y que pese a ello, el Gobierno continúe adelante.
Eso no es previsión y mucho menos prevención sino jugar con fuego y, después reforzar el número de bomberos.
Ceuta ya ha soportado demasiado, durante muchos años: ha soportado entradas masivas e invasiones, presión y crisis migratorias, saturación de los servicios, inseguridad ciudadana y una grave e indeleble sensación de abandono, que sus ciudadanos ya llevan demasiado tiempo denunciando.
Ahora solo le faltaba que una de sus infraestructuras más vitales y estratégicas para la subsistencia de la ciudad, se transforme en un gigantesco campamento improvisado, mientras quienes tienen que garantizarles la seguridad de la ciudad, advierten de sus reales, graves e importantes riesgos.
Primero ignoraron todas las advertencias. Ahora han conseguido que la Justicia no lo paralice cautelarmente. Pero nunca nadie debería confundir que algo pueda hacerse, con que hacerlo, sea lo más seguro y prudente.
Las decisiones políticas se pueden rectificar, los informes archivarse, e incluso, las responsabilidades diluirse y todo quedar "en agua de borrajas".
Pero cuando llega, de verdad, la emergencia y la catástrofe, el fuego no entiende de decretos, y las desgracias no admiten ni entienden de medidas cautelares.
