El Estado de Israel lleva años pretendiendo recriminar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e impugnando su derecho a existir, por lo que reconoce una política cruzada y opuesta en su enfoque del conflicto de Palestina. De ahí, que los agentes israelíes libran una extensa contienda con la institución y muy específicamente, con diversas entidades y agencias, incluyéndose el Consejo de la ONU de Derechos Humanos, así como la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.
Y es que, el reciente discurso del Secretario General de la ONU en el Consejo de Seguridad celebrado en Nueva York, António Guterres (1949-74 años), ha desencadenado la furia de los representantes israelíes. Guterres, condenó el ataque de Hamás, sosteniendo literalmente que “nada puede justificar” el asesinato de civiles, pero aclaró, que “es importante reconocer que los atentados de Hamás no vienen de la nada. El pueblo palestino ha estado sometido cincuenta y seis años de ocupación asfixiante. Han visto su tierra devorada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia; a su población desplazada y sus hogares demolidos”.
Asimismo, hizo referencia a que se salvaguardasen a los civiles en cualquier situación: “Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Permítanme ser claro. Ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario”. Sus palabras causaron la réplica enojada del embajador israelí Gilad Erdan (1970-53 años), que lo culpó de excusar las barbaridades perpetradas contra israelíes.
Seguidamente expuso al pie de la letra: “A menos que se disculpe inmediatamente, hoy le hemos dicho que se disculpe, no hay justificación para la existencia de este edificio. Este edificio se creó para prevenir atrocidades. ¿Cómo puede el Secretario General, con sus palabras, justificar de algún modo las terribles atrocidades que les ocurrieron a nuestros civiles? Civiles inocentes”.
Con estos precedentes iniciales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido testigo directo de nuevas declaraciones y reproches entrecortados entre los estados miembros, en una sesión informativa trimestral dispuesta sobre el conflicto en curso entre Israel y Palestina, ahora con mayor apremio por los acometimientos de Hamás y la intensificación de la crisis humanitaria, conforme se prolonga el bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza y su inminente ofensiva por tierra, mar y aire.
Al mismo tiempo y visto lo que estaba aconteciendo en el marco de la organización internacional, Israel no titubeó un instante en comunicar el cese de emisiones de visado para los integrantes de la ONU en su territorio, como rechazo expreso al discurso de Guterres.
“En un momento crucial como éste, es vital tener claros los principios, empezando por el principio fundamental de respeto y protección de la población civil”, mencionó para tratar el asunto de Palestina. Por ello, Guterres, requirió a todas las partes que desempeñen y obedezcan sus compromisos, en virtud del derecho internacional humanitario y demandó que se “respeten y protejan los hospitales y la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU” que alojan a más de 600.000 palestinos.
Horas más tarde, sorprendido por las interpretaciones erróneas, Guterres compareció ante la prensa y explicó exactamente: “He condenado inequívocamente los horribles actos de terror sin precedentes perpetrados el 7/X/2023 por Hamás en Israel. Nada puede justificar el asesinato, las heridas y el secuestro deliberado de civiles, ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles”.
E hizo hincapié que “la protección de los civiles es primordial en cualquier conflicto armado. Proteger a los civiles no puede significar nunca utilizarlos como escudos humanos. Proteger a los civiles no significa ordenar a más de un millón de personas que evacúen hacia el sur, donde no hay refugio, ni alimentos, ni agua, ni medicinas, ni combustible y luego seguir bombardeando el propio sur”.
Igualmente, el Secretario General indicó que el anhelo del pueblo palestino para un remedio político “se ha ido desvaneciendo”. Por ello, puso en valor que “en este momento de peligro grave e inmediato, no podemos perder de vista el único fundamento realista para una paz y una estabilidad verdaderas: la solución de dos Estados”.
Por ende, el coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland (1952-71 años), previno del riesgo de un mayor desgaste del contexto en la Cisjordania ocupada, o de que el conflicto se agrande a la región: “La violencia en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, que ya alcanza niveles preocupantes, ha aumentado desde el estallido de la guerra. Las autoridades israelíes han impuesto y han llevado a cabo numerosas detenciones. El número de enfrentamientos diarios e intercambios armados entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes y colonos es elevado. Lo que está en juego es astronómicamente alto y hago un llamamiento a todos los actores relevantes para que actúen con responsabilidad. Cualquier error de cálculo podría tener consecuencias inconmensurables”.
"En los años transitados la intervención de la ONU en el conflicto palestino-israelí no ha arrojado demasiados éxitos. A pesar de los esfuerzos obrados en conjunto por el bloque, este entresijo que parece infranqueable ha vuelto a detonar"
Tras coincidir con el Secretario General en que la salida a este conflicto es política, afirmó que es esencial que “como comunidad internacional unida, empleemos todos nuestros esfuerzos colectivos para poner fin al derramamiento de sangre y evitar que se extiendan las hostilidades, incluso en la región”.
En otro orden de cosas, el Ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Palestina, Riyad Al-Maliki (1955-68 años), manifestó que el Consejo de Seguridad y la Comunidad Internacional tienen el deber y la obligación de salvar vidas.
“En Gaza, bajo los escombros yacen más de 1.000 palestinos y todos los valores y todas las normas”. En su turno de palabra subrayó que “las masacres en curso, perpetradas deliberada, sistemática y salvajemente por Israel, la potencia ocupante contra la población civil palestina bajo su ilegal ocupación colonial debe pararse. El Consejo de Seguridad tiene el deber de detenerlos”.
“El fracaso continuado de este Consejo es inexcusable”, recalcó. Además, puso en evidencia que únicamente “el derecho internacional y la paz” merecen el apoyo absoluto de los países. Complementando a lo anterior que “más injusticias y más matanzas no harán que Israel esté más seguro. Ninguna cantidad de armas, ninguna alianza, le aportará seguridad; sólo lo hará la paz, la paz con Palestina y su pueblo”. Conjuntamente, dijo que “el destino del pueblo palestino no puede seguir siendo la desposesión, el desplazamiento, la negación de derechos y la muerte. Nuestra libertad es la condición para una paz y una seguridad compartidas”.
Al-Maliki insistió en que no existe ayuda humanitaria que se pueda aprovechar, si persiste bajo todo pronóstico la destrucción. Para impedir una catástrofe humanitaria de estas dimensiones y un aluvión regional, “debe quedar claro que esto sólo puede lograrse poniendo fin de inmediato a la guerra israelí lanzada contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Que cese el derramamiento de sangre”.
Finalmente, hizo referencia al requerimiento de poner un punto y final a la ocupación israelí de los territorios palestinos: “Que Jerusalén sea la capital del Estado Palestino según resoluciones previas y el proceso de paz y el derecho internacional, y que los palestinos puedan disfrutar de sus derechos inalienables, ello incluye el retorno de los refugiados y la autodeterminación según la Resolución 194”.
Dicho esto y junto a las diversas declaraciones expuestas que acompañan a esta disertación, desde la plasmación de la ONU en 1945, el conflicto palestino-israelí se ha convertido en uno de sus primeros retos.
Inicialmente, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina instituido el 15/V/1947 y conformado únicamente por estados occidentales, buscaba especialmente con su informe la partición del territorio en dos. Por un lado, un Estado judío, y por otro, un Estado árabe. Y como derivación se llegó al 29/XI/1947 en el que la Asamblea General de la ONU dio luz verde a la Resolución 181 que planteó el intento de partición de Palestina, y aunque se asentó en el procedimiento mayoritario del Comité Especial, se sometió a pequeñas variaciones.
No obstante, el plan de partición de Palestina que de alguna manera ambicionó ser la escapatoria al conflicto entre ambos, no hizo más que empeorar la discordia. Por aquel entonces, el territorio de Palestina estaba bajo mandato británico y lo que formulaba era fraccionarlo en dos Estados, uno judío y otro árabe, institucionalizando la capital de Jerusalén como internacional.
Sin embargo, ante la desaprobación de Gran Bretaña, de la mayoría de las naciones del Medio Oriente y de los palestinos que claramente lo rechazaron, más la independencia del Estado de Israel el 14/V/1948, la crisis latente condujo a un conflicto bélico conocido como guerra árabe-israelí, que como es sabido se emprendió tras la irrupción al Estado de Israel por parte de países que componían la denominada Liga Árabe, entre ellos, Siria, Egipto, Irak, Líbano y Transjordania.
A lo largo y ancho de los años, los enfrentamientos no terminaron entre Palestina e Israel. A pesar de que en intervalos concretos se haya constatado un aplacamiento relativo o alto al fuego, los exiguos meses de paz en ningún tiempo fueron lo bastantes, como para alcanzar un resquicio de solución definitiva.
A resultas de todo ello, Hamás que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, se distingue por ser un movimiento palestino encuadrado en una organización que se declara yihadista, nacionalista e islamista y respalda la creación de un Estado Islámico independiente en Palestina.
A su vez y en contadas excepciones, es considerado una organización terrorista por actores relevantes de la Comunidad Internacional, como Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Dicha organización, valga la redundancia, se fundó en contraposición a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ya que en contraste a ésta, Hamás objeta la efectividad del Estado de Israel.
Llegados a este punto, la implicación de la ONU en este entorno de conflicto tan enraizado, posteriormente de su intento malogrado con el histórico plan de partición, todavía queda en interrogante. El avance del conflicto podría reportar a una crisis demoledora en la región. Si bien, el trabajo de Naciones Unidas es dificultoso, por más que reclame establecer otra resolución de acuerdo al ímpetu del conflicto, es casi ilusorio una solución que encaje en ambos bandos, por más que se busque tomar partido en la materia.
Ahora bien, la ONU despliega una evidente diplomacia en la tarea. Sin ir más lejos, en tiempos pasados y en conjunto con Estados Unidos y Egipto, ha indagado la forma de limar las asperezas, ya sea mediante una nueva resolución o el arbitraje, pero aquí entra a jugar el derecho internacional al que ya en repetidas oportunidades han hecho caso omiso.
Que se exploren medidas diplomáticas como una apelación a un alto el fuego o una resolución que implique a ambas partes, es sumamente dificultoso. Primero, porque un alto al fuego no afronta los puntos claves del conflicto, y desde aquí se retorna al punto de salida en el que las alegaciones de ambas culturas quedan encubiertas y encadenadas a los fallos de las grandes potencias. Y segundo, Estados Unidos en su día se contrapuso a otra resolución que fundamentalmente perseguía parar las hostilidades, deduciendo que podría desbaratar los esfuerzos en cooperación materializados hasta el momento, por lo que en tres ocasiones practicó su derecho a veto al ser uno de los cinco miembros permanentes dentro del Consejo de Seguridad.
Mismamente, el tanteo de someter el conflicto a un arbitraje internacional es igualmente complicado. Máximamente, porque los Estados aspirantes a ser árbitros en la disputa, poseen intereses individuales que podrían concurrir en menoscabo o mayor beneficio de alguna de las partes.
Entretanto, la ONU ha presentado infinidad de resoluciones sobre el conflicto palestino-israelí desde que se formulase la primera en el año 1947, por la que se determinó asignar Palestina en dos Estados independientes. Como ya se ha dicho, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo control internacional. Justamente, esta primera resolución contrastó el umbral de una guerra que se acentuó tras la agresión de las milicias de Gaza contra Israel.
Ni que decir tiene, que esta resolución fijaba los límites de los nuevos territorios. Pese a todo, como pormenoriza el Comité de Derechos de los Palestinos de la ONU, Israel traspasó los límites fronterizos en la Guerra de los Seis Días (5-10/VI/1967), cuando ocupó por la fuerza Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, produciendo una deportación masiva de la urbe palestina. Las Naciones Unidas condenaron esta ocupación ilícita, según se contempló en cuatro resoluciones que a continuación cito.
Primero, Resolución 242 (1967). Requiere el repliegue de las “Fuerzas Armadas israelíes de los territorios que ocuparon” en la guerra de este mismo año; la terminación de “todas las situaciones de beligerancia” y el “respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas”.
Segundo, Resolución 252 (1968). Califica “nulas” cada una de las disposiciones de carácter legislativo y administrativo asumidas por Israel en Jerusalén, incluso las acciones de expropiación de tierras y bienes.
Tercero, Resolución 267 (1969). “Deplora” que Israel no haya tomado en consideración las apreciaciones de las prescripciones anteriores.
Y cuarto, Resolución 465 (1980). “Rechaza profundamente” los asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados desde 1967 y exhorta a los Estados miembros que no faciliten a Israel ninguna asistencia que pueda emplearse en relación con estos asentamientos.
Por lo tanto, “las Naciones Unidas trabajan por el fin de la ocupación iniciada en 1967 y el establecimiento de un Estado palestino independiente, soberano, democrático, viable y contiguo, que coexista con Israel en paz, dentro de fronteras seguras y reconocidas y con Jerusalén como capital de ambos Estados”. Esta es la posición de la ONU con relación al conflicto palestino-israelí.
Luego, las resoluciones sobre las que la ONU fundamenta este punto de vista son las que seguidamente se refieren: 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003), 1850 (2008), 1860 (2009) y 2334 (2016).
“El Estado de Israel lleva años pretendiendo recriminar a la Organización de las Naciones Unidas e impugnando su derecho a existir, por lo que reconoce una política cruzada y opuesta en su enfoque del conflicto de Palestina”
Y en cuanto a las líneas generales de acción, apremia al alto el fuego; dictamina aplicar la Resolución 242; aboga por las negociaciones de paz entre ambos Estados y realza que la Franja de Gaza “constituye una parte integral del territorio ocupado desde 1967 y formará parte del Estado palestino”. Amén, que demanda con “urgencia (…) la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza”; recuerda el deber de Israel, “la potencia ocupante”, de acatar la Cuarta Convención de Ginebra (1949) en los territorios ocupados, primordialmente, su Artículo 27, por el que debe asegurar la protección de los civiles; tacha las medidas que “alteran la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967”: la edificación y esparcimiento de los asentamientos, el desplazamiento de colonos israelíes, la apropiación de tierras, el derribamiento de viviendas y el desalojo de civiles palestinos; declara que los asentamientos israelíes en territorio palestino no tienen vigencia legal y “constituyen una flagrante violación del derecho internacional”; y, por último, insta a Israel al fin “inmediato y por completo” de todos sus asentamientos “en el territorio palestino ocupado”.
Como puede observarse, las diversas decisiones de la ONU son “expresiones oficiales de la opinión o la voluntad de los órganos de Naciones Unidas”. En este caso, el posicionamiento oficial de la ONU respecto al conflicto palestino-israelí, procura introducir una hoja de ruta con cuatro mediadores (Estados Unidos, Rusia, UE y la ONU) que aporte una paz duradera y justa, y que ponga el cierre al conflicto con dos Estados dentro de las fronteras de Israel marcadas antes de la guerra de 1967.
A día de hoy, el Consejo de Seguridad sigue obstruido a la hora de tratar el conflicto. La reciente disposición norteamericana recibió el veto de Rusia y China, entre algunas de las causas, al no urgir a un inmediato y duradero alto el fuego humanitario, mientras que la determinación rusa que no reconocía el derecho a la legítima defensa de los Estados, no consiguió los votos precisos.
Dos resoluciones, una de Estados Unidos y otra de Rusia que pugnaban en el Consejo de Seguridad por abordar la crisis entre Palestina e Israel, pero que finalmente han naufragado en su acogimiento. El fiasco se amplía a los que se ocasionaron anteriormente, cuando una resolución ofrecida por Rusia no logró los apoyos oportunos y otra por Brasil presentó el impedimento de Estados Unidos.
El escrito de Estados Unidos condenaba “inequívocamente los atroces atentados terroristas perpetrados por Hamás y otros grupos terroristas en Israel a partir del 7/X/2023”. También objetaba “la toma y la muerte de rehenes, los asesinatos, las torturas, las violaciones, la violencia sexual y el continuo lanzamiento indiscriminado de cohetes”. De esta forma, el documento ratificaba “el derecho inherente de todos los Estados a la legítima defensa individual y colectiva”.
En este aspecto, aseveraba que “al responder a atentados terroristas”, los Estados “deben cumplir plenamente todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario”.
Finalmente, el derecho internacional establece que en todo momento es cardinal el amparo de los civiles. El texto hace alusión a ello cuando pide “encarecidamente a todas las partes que cumplieran plenamente las obligaciones”, en virtud del derecho internacional, en particular las concernientes a “la protección de civiles”, insistiendo ineludiblemente en “la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los civiles y su protección, así como de los trabajadores y activos humanitarios”.
En este aspecto, la resolución emplaza a “pausas humanitarias” al objeto de proporcionar el acceso humanitario íntegro, resuelto, inviolable y sin impedimentos. Como del mismo modo, requiere la liberación “inmediata e incondicional” de los rehenes que continúan a merced de Hamás y otros grupos terroristas.
En consecuencia, en los años transitados la intervención de la ONU en el conflicto palestino-israelí no ha arrojado demasiados éxitos. A pesar de los esfuerzos obrados en conjunto por el bloque, vemos como este entresijo que parece infranqueable ha vuelto a detonar.
Es más, Israel hace saltar por los aires los insignificantes vínculos con la ONU y arremete fuertemente contra Guterres, por sacar a la palestra la ocupación israelí del que ha pedido su dimisión inmediata, pero éste continúa reafirmándose en sus manifestaciones e insiste en que “los terribles ataques de Hamás no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino”, además de hacer alusión a “las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza”.
Con lo cual, prosigue candente y el tira y afloja en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, durante el proceso para pronunciar una resolución que al menos otorgue un mínimo de luz para el maniobrar de la ONU, de cara a la complejidad que se cierne entre Israel y Hamás.