Los movimientos migratorios, y sus consecuencias, han sido foco de todo tipo de críticas, alusiones, estudios e investigaciones. Ceuta también fue en indistintas ocasiones el 'ojo del huracán', dada su posición fronteriza con Marruecos. Especialmente desde el pasado mes de mayo, con la entrada de miles de personas que cruzaban desde el país alauita; algo que marcaría un antes y un después en la vida de la ciudad. Este martes, distintas organizaciones civiles hicieron público un nuevo informe en el que perfilaban otras fórmulas para lograr una migración segura, ordenada y regularizada; y reforzar los eslabones más débiles de nuestra actual política migratoria.
Alianza por la Solidaridad, Asociación Rumiñahui, Convive - Fundación Cepaim, la Coordinadora d’Associacions Senegalesas de Catalunya (CASC), Médicos del Mundo y Red Acoge son las entidades que suscriben este documento, en el que hablan directamente de "incoherencias" en las políticas por las que se rige España.
Uno de los momentos resaltados por este informe fue el de las devoluciones a Marruecos de las personas que en mayo accedían a Ceuta por el Tarajal. En desaprobación a la "expulsión colectiva y sumaria" ejercida en pleno conflicto diplomático entre España y Marruecos, advirtieron que el régimen especial que nuestro país otorga a las dos ciudades autónomas que lo separan del territorio marroquí busca "legitimar y legalizar los rechazos en frontera", sin seguir ninguno de los procedimientos previstos en las normativas vigentes.
España fue uno de los más de cien países -todos ellos miembros de la ONU- que en 2018 acordaron en Marrakech los preceptos de un Pacto Mundial para la Migración (PMM). En él se habló de un cambio en el enfoque de las políticas migratorias y las normas de extranjería aplicables hasta la fecha. Sin embargo, las distintas asociaciones que ahora lanzan este nuevo escrito inciden en que el Gobierno español aún ignora muchos de los acuerdos tratados entonces. Claro que, al hablar de un pacto no vinculante en lo jurídico, siendo más bien político, lo que verdaderamente sustenta este convenio son las resoluciones internacionales sobre derechos humanos en las que se basa.
Se ofrecen en el reciente informe algunas demandas, y también recomendaciones, para que el Estado español refuerce su política migratoria hasta acercarla al PMM. En primer lugar, se insta al Ejecutivo a crear nuevas medidas de gobernanza que pongan fin, entre otras cuestiones, a la externalización de fronteras: "España debe asumir su responsabilidad en los puestos fronterizos", esgrime el documento, que pide para ello poner fin a prácticas concretas como "las devoluciones sumarias". También solicitan cambios en las normas de extranjería, para facilitar la inserción laboral de aquellas personas que lleguen a nuestro país en busca de nuevas oportunidades; y garantizar, sobre todo, la protección de los derechos de la infancia para todos los menores no acompañados que alcanzan suelo español.
Puede leer el informe completo aquí.
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