El Gobierno de la Ciudad va a proponer al Pleno utilizar la capacidad de influir sobre la economía local a través de la política fiscal que desde la lealtad institucional tiene la administración local para lanzar un balón de oxígeno a los negocios más directamente afectados por la pérdida del turismo procedente de Marruecos que compraba sobre todo ropa, calzado o joyería en sus establecimientos.
La consejera de Hacienda ha sumado a la lista que ya se elaboró a finales de 2020, en plena pandemia, con el mismo objetivo a otros bienes muebles que se beneficiarán de la misma reducción de los tipos impositivos vigentes, del 10% al 5% y del 7% al 3,5%, según el caso.
El Ejecutivo local ha hecho bien en ser siempre cauto con cualquier modificación del IPSI para no descargar sobre las espaldas del Estado, que desde hace veinte años garantiza a través de una compensación la recaudación de la imposición indirecta por varias vías, esfuerzos suplementarios.
En este caso está más que justificado, como coinciden los agentes sociales tanto desde la patronal como desde las centrales sindicales, esta reducción de la presión fiscal que permitirá a un buen número de comercios de la ciudad aprovecharla para ser más competitivos reduciendo sus precios finales de venta al público, ganar margen de beneficio o aminorar pérdidas.
Cuando la medida quede definitivamente aprobada la Ciudad debe esforzarse en utilizar todos sus recursos para hacer una evaluación periódica de sus efectos tanto en términos de actividad como de generación o mantenimiento del empleo, examen al que deben someterse todas las políticas públicas que conlleven disposición de dinero de todos para decidir con base si mantenerlas, suprimirlas o corregirlas.
