“En principio, no”. La
Policía Nacional no ha apreciado, según aseguró ayer en declaraciones a los medios el jefe superior, Andrés Martín Garrido, un componente de “delito de odio” en los
episodios de agresiones, amenazas y robos con violencia “a menores extranjeros no acompañados (
MENA)” y “acogidos en el CETI” por las que han sido detenidos esta semana seis ceutíes con nacionalidad española, tres adultos y otros tantos con menos de 18 años de edad. Los primeros pasarán hoy a disposición judicial y los segundos han quedado en libertad a disposición de la Fiscalía de Menores, que prevé recibirlos también hoy o mañana. Los investigadores han dedicado las primeras horas tras su arresto, la madrugada de ayer, a “confirmar o no su participación en los hechos de los que hemos tenido conocimiento durante el último mes, cinco o seis sucesos en los que siempre se habla de lo mismo: amenazas, agresiones y robos con violencia sobre menores que viven en el
Puerto o inmigrantes del CETI, pero sin que por el momento exista un nexo de unión entre ellos”, refirió Garrido durante el acto de presentación de los seis inspectores que, en prácticas, acaban de sumarse a la plantilla de la Jefatura Superior. El delito de odio está ligado, según el Ministerio del Interior, a “cualquier infracción penal”, incluidas contra las personas o las propiedades, en la que la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija “por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia” a un determinado grupo. El segundo factor que debe darse es que dicho colectivo grupo tiene que “estar basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar”. Aunque Garrido limitó la posible vinculación de los detenidos con hechos delictivos contra las víctimas migrantes a sucesos acontecidos durante aproximadamente “el último mes”, la Fiscalía de Ceuta ya acordó formalmente a mediados de enero incoar diligencias de investigación en relación con la denuncia de varios menores extranjeros no acompañados (MENA) que en Navidad declararon haber sido víctimas de una agresión con “bates y palos de hierro” por parte de “tres adultos” de la ciudad que, además, les habrían amenazado con volver “cada viernes” para darles “la misma paliza”. Según adelantó entonces este periódico, cuatro de las presuntas víctimas trasladaron los hechos al personal del Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las calles de Ceuta (PREMECE) que terminó su trabajo en la calle la semana pasada y que a su vez los puso en conocimiento del Área de Menores, que interpuso una denuncia. Posteriormente el colectivo ‘Maakum’ ha dado también la voz de alarma, aunque el Gobierno local llegó a negar que tuviese credibilidad.
Las claves
Hechos “Un poco de todo” El jefe superior de la Policía Nacional, Andrés Martín Garrido, explicó ayer que las investigaciones relacionadas con los seis detenidos les relacionan en principio con la comisión de presuntos delitos de amenazas, agresiones y robos con violencia (“un poco de todo”) sobre menores extranjeros no acompañados residentes en el Puerto y acogidos en el CETI.
Víctimas ¿Delito de odio? La definición de ‘delitos de odio’ que usan los distintos Estados que recogen esta figura en sus legislaciones coincide en identificar éstos como actos criminales con dos elementos básicos: que constituya una infracción penal y que sea producto de un prejuicio del autor hacia la víctima por pertenecer a un colectivo vulnerable.
Diligencias A disposición judicial Los tres adultos arrestados pasarán hoy a disposición judicial. Los tres menores de edad que también han sido detenidos han quedado en libertad a la espera de verse con la Fiscalía especializada.
Un año en el Puerto
El Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Me-nores Extranjeros Solos termina su trabajo de campo El ‘Equipo Drari’ del Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las calles de Ceuta (PREMECE) que el Área de Menores de la Ciudad implantó el año pasado de la mano del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI) de la Universidad de Málaga terminó el jueves de la semana pasada su trabajo en la calle. A principios de este mes, la profesora titular de Derecho Penal y Criminología de la UMA Elisa García-España y la socióloga con experiencia en investigación y trabajo social en inmigración y refugio Jacqueline Carvalho presentaron en el XIII Congreso Español de Sociología un balance cualitativo y cuantitativo de su ejecución.
Solo durante 2018 lograron que 36 menores dejaran la zona portuaria, que 21 aceptasen entrar en el Centro de Realojo Temporal de ‘La Esperanza’ y que 15 volviesen a Marruecos con sus familias. El personal del ‘Equipo Drari’ realizó más de 2.000 asistencias en materia de higiene y pequeñas curas, participó en cerca de medio centenar de atenciones sanitarias, hizo 25 acompañamientos de protección legal, organizó casi treinta actividades educativas y promovió otras 25 de ocio. “Los desafíos de este programa”, concluyeron García-España y Carvalho, “fueron y siguen siendo muchos por la alta movilidad de los menores, los retos metodológicos para recopilar datos que plantea intervenir en un entorno tan difícil, la falta de medios, etcétera, pero a pesar de ellos consideramos que el programa se ha implementado de manera adecuada y satisfactoria a lo largo de 2018”. Desde su punto de vista el ‘Equipo Drari’, una vez “consolidado como un grupo de adultos referentes en las calles de Ceuta”, permitió “proteger y comprender mejor la realidad local de los menores como otro brazo de la Administración para conseguir que el sistema de protección sea más efectivo con la colaboración de los agentes clave de la ciudad”. “Este tipo de proyecto es esencial para tener un diagnóstico real y actualizado de la situación de los menores en situaciones de calle lejos de los prejuicios y los rumores frecuentes en la opinión pública y los medios de comunicación”, valoraron sus coordinadoras. Las trabajadoras del ‘Drari’ involucraron a las Fuerzas de Seguridad en su labor, tanto en las jornadas que se organizaron como a pie de calle con el propósito de que policías y menores pudieran “conocerse y cambiar sus imágenes preconcebidas”. “El resultado es que los menores pueden reconocer mejor las funciones de la Policía y su autoridad, así como comunicarse con ellos si lo necesitan”. El programa organizó un seminario internacional para intercambiar experiencias entre la policía de Estocolmo y la de Ceuta, ya que algunos menores “siguen cruzando fronteras una vez en la península española y llegan hasta Suecia”. Precisamente el marco de cooperación existente entre los Servicios Sociales y la policía en Estocolmo fue el que “inspiró la colaboración entre la Policía Local de Ceuta y el ‘Equipo Drari”.
Menores solos expuestos a “todo tipo de oportunidades disruptivas” y sin referentes
El Área de Menores de la Ciudad Autónoma no solo ha trasladado a la Fiscalía y a la Policía Nacional las denuncias que algunos menores extranjeros no acompañados han realizado durante los últimos meses como supuestas víctimas de agresiones, sino también el contexto de explotación del en el que caen o corren el riesgo de verse a manos de grupos más o menos organizados de otros migrantes adultos que les utilizan para la comisión de delitos. Uno de los motores del proyecto de atención al colectivo de niños de la calle asentado en el Puerto, que habitualmente ronda los 30 ó 40 integrantes, fue precisamente que “sin familiares adultos que los protejan, sin referentes pro-sociales que pongan límites a sus comportamientos y los acompañen adecuadamente en su crecimiento personal, sin hábitos de alimentación e higiene adecuados y expuestos a todo tipo de oportunidades disruptivas”, acaban visibilizados “como peligrosos” y como fuente de desasosiego y alarma entre los ceutíes.