La policía marroquí abortó este lunes la salida de dos pateras rumbo a Canarias desde las playas atlánticas de la provincia sureña de Tantán y detuvo a diecisiete
inmigrantes, tal y como informó la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN). Una fuente de la DGSN explicó que la intervención policial se produjo en la población costera de Lutiya, situada a 25 kilómetros al oeste de Tantán, capital de la provincia homónima. La misma detalló que entre los arrestados se encuentran quince marroquíes y dos subsaharianos. Durante su operación, los servicios de seguridad confiscaron dos barcos neumáticos, dos motores acuáticos y una veintena de garrafas de combustibles. Los arrestados fueron trasladados a la Fiscalía para ser interrogados con el fin de llegar hasta los organizadores de estas dos tentativas de emigración ilegal.
El negocio de las pateras
El pasado mes de junio la Policía Nacional desarticuló dos organizaciones criminales interconectadas dedicadas al tráfico de migrantes entre Marruecos y las Islas Canarias. Los líderes de las organizaciones son los presuntos responsables de la llegada de 204 migrantes marroquíes en seis pateras: cinco a las costas de Lanzarote y una a Fuerteventura. En total se llevaron a cabo ocho arrestos, la mitad de ellos en la localidad canaria de las provincias de Las Palmas; otros dos en Murcia, uno en Cádiz y otro Vizcaya. Todos ellos fueron acusados por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Los investigadores pudieron averiguar que la red criminal cobraba a cada migrante una media de 3.000 euros que podían rebajarse según el riesgo del traslado. Así, si bien en un principio solicitaban el pago de 4.000 euros, si no tenían suficientes migrantes para que la patera fuera al completo de su capacidad, bajaban el precio a 2.500 euros. Con el número de pateras y migrantes trasladados conocidos por los agentes, se estimó un beneficio para la organización de más de 600.000 euros.