El auto que dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta respecto de la policía local M.M.L., que fue detenida en una operación desarrollada por la Guardia Civil en mayo de 2019 enmarcada en la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y ayer la arrestó la Benemérita en la frontera por quebramiento de medida cautelar, era bien claro.
La prisión provisional que se acordó en su día la eludió mediante el pago de 30.000 euros en concepto de fianza, pero en ese auto se le ordenaba también que compareciera los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial, fijándose una prohibición de salida del territorio nacional con la retención inmediata de su pasaporte.
De todo esto se dio comunicación a las oficinas de expedición de pasaportes de la Policía Nacional al objeto de que fueran conocedoras de que la agente en cuestión no podía tener esa documentación ni cruzar la frontera.
Pues bien, a pesar de todo ello, la policía local tenía un pasaporte en su poder renovado sacado hace solo unos meses. Pasaporte que empleó para cruzar a Marruecos y volver a Ceuta sin que hubiera saltado alarma alguna cuando se le dispensó ese documento en la Jefatura ni tampoco en la verificación que funciona en el paso fronterizo.
En la mañana de este lunes, a primerísima hora, cuando entraba en Ceuta junto a un familiar, la Guardia Civil la detuvo sabedora de que estaba incumpliendo esa prohibición de salida del territorio nacional.
El caso es de relevancia judicial por lo que supone de incumplimiento a sabiendas de una medida cautelar enmarcada además en un proceso que será sometido a juicio este próximo octubre con casi 30 acusados sentados en el banquillo. Esa es precisamente la clave de este asunto.
La agente es además abogada, por lo que tiene conocimiento claro de la consistencia de esas medidas cautelares impuestas por el juzgado de Instrucción que debía cumplir.
Por el delito de quebrantamiento que motivó su detención tendrá que celebrarse vista oral en el ámbito penal toda vez que este lunes no se conformó con la pena ofrecida por la Fiscalía en el transcurso de un juicio rápido.
La agente continúa detenida ya que ahora se debe determinar si se ordena o no prisión ya que la medida cautelar incumplida está inmersa en un procedimiento judicial para cuya celebración faltan meses.
Renovó pasaporte sin poder tenerlo, en octubre se enfrenta a juicio por blanqueo
La pregunta que cualquiera puede hacerse es clara: ¿hay riesgo de fuga al haber marchado a Marruecos y al haberse renovado un pasaporte cuando no debía tenerlo?
Su pareja, considerado líder de la trama desmantelada por la Benemérita, está huido desde 2019 y se cree que puede estar escondido precisamente en el vecino país, aunque durante estos años no se ha podido dar con él.
La operación que será sometida a este macrojuicio la llevó a cabo la Guardia Civil contando con el apoyo del OCON-SUR.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha reservado prácticamente todo el mes de octubre y algunos días de noviembre de 2024 para la celebración de esta vista.
Las penas que en su calificación inicial solicita el Ministerio Fiscal se elevan a hasta 14 años de cárcel por delitos de blanqueo y organización criminal para las personas que sitúa en la cúpula, entre ellas esta agente.
A ojos del Ministerio Público se había constituido toda una empresa criminal dedicada al blanqueo del dinero procedente del tráfico de drogas contando con la participación de miembros de la misma familia.
Según la calificación provisional del Ministerio Público, de los 13 acusados, cuatro son responsables de un delito de blanqueo de capitales por el que pide 6 años de prisión y de otro de organización criminal, por el que pide 8 más.
El resto es acusado por esos mismos delitos, pero con el matiz de que en el caso de la petición de cárcel por organización esta asciende a 5 años, es decir 11 en total. Las penas de cárcel van acompañadas de importantes peticiones de multa.
La falta de medios y recursos impiden la comunicación y la interoperabilidad. Uno de los problemas en el mundo de las tecnologías de la información es la interoperabilidad entre distintos sistemas, y la administración pública no es una excepción. Las carencias que tiene la Administración de Justicia quedan patentes, igual que la propia Policía. Reconozcamos la habilidad de nuestros políticos, de uno u otro signo, para pregonar las bondades de la Justicia y la necesidad de dotarla de más recursos materiales y económicos mientras asisten impasibles a su colapso, a su desfase tecnológico y, en consecuencia, a su progresivo deterioro.
Evidentemente la guardia civil, ha hecho muy bien su trabajo. La fiscalia deberia abrir una investigacion de todo este asunto tanto en la jefatura superior de policia como en la frontera . Aqui los controles evidentemente no han funcionado y hasta el mas ingenuo se pregunta muchas cosas.
Como tiene pasaporte renovado ??? Quien se lo hizo ??? ……….Asi va este país…….
La sección de expedición del DNI y pasaportes ya tuvo la visita de régimen interior donde hubo investigados hace unos años.
No tienen a un Jefe Inspector controlando aquella sección y lo dejan en la manos de una administrativa que no tiene el Grupo laboral para esas funciones.
La fuga de funcionarios a otros ministerios es real, debido a que falta un Inspector que pueda llevar una sección muy delicada.