La gestión del Centro Ecuestre de Ceuta vuelve a estar en el eje de la polémica, aunque la Federación de Hípica que se ha hecho cargo de la misma rechaza todas las críticas que realiza un usuario que según ha denunciado también a los responsables de la Consejería de Deportes que lidera Lorena Miranda ha derivado hacia “el capricho” como norma de actuación desde que tomó las riendas la nueva Junta Directiva, hace casi un año.
El estallido de la pandemia del coronavirus sorprendió al equipo que lidera Alberto Romero como presidente casi nada más hacerse con el timón del equipamiento de El Jaral, tanto que solo pudo operar con normalidad durante una semana antes de la declaración del estado de alarma, pero según el denunciante las irregularidades o supuestas negligencias se extendieron más allá.
“Cuando pudimos ir a ver a los animales al final del confinamiento extremo no nos los encontramos en las mejores condiciones y hubo que exigir que se les diera de comer tres veces al día y no dos, las visitas del herrador y el veterinario se han llegado a espaciar hasta 84 días en lugar de los 45 recomendados, se empezó a limitar la entrada como si fuera un cortijo a unos sí y a otros no, a utilizar el espacio para reuniones particulares, a no respetar de forma estricta la normativa sanitaria relacionada con la COVID-19, etcétera”, ha censurado el denunciante sobre el empeoramiento de la situación, fundamentalmente debido a que “mientras que a algunos se nos ponen todo tipo de pegas, otras personas parecen tener total libertad para hacer lo que les parece en el interior del Centro Ecuestre, desde fiestas hasta prescindir del uso de las mascarillas”.
De acuerdo con su versión, han tenido que recurrir a los responsables de la Administración para cambiar directrices como el cierre del Centro a la hora de comer. “El trato humano que se da a las personas no es aceptable, los caballos comparten espacio con otros animales y los del ICD se usan para fines que no son los establecidos”, añade.
La infraestructura acoge actualmente a 67 equinos (incluidos los 13 de propietarios particulares) y cuenta con una plantilla de “once monitores y mozos de cuadra”, según el presidente de la Federación, que ha asegurado a este periódico que la disputa se limita a “una persona” que “no acepta las normas y criterios, con iguales deberes y derechos para todos, que se han establecido ahora y que antes no existían”.
Romero asegura que “a nadie se le puede olvidar que esto es, por encima de todo, un proyecto de una Escuela de Equitación y que por tanto esta debe tener prioridad en sus actividades sobre los dueños de caballos privados, que pueden venir siempre que quieran dentro del horario de apertura del Centro y usar las pistas en los tiempos libres que dejan las clases y los trabajos de desinfección”.
“La Federación”, subraya su presidente, “siempre se ha ceñido a las normas e instrucciones del ICD y de la Consejería de Sanidad como autoridad en medio de la pandemia”. Si en “una ocasión” las visitas del herrador y el veterinario peninsular no se realizaron con la periodicidad habitual “fue porque no se había reconocido como servicio esencial por la Administración y por problemas de tipo burocrático, no por falta de atención a los animales, que siempre ha sido también prioritaria”.
En cualquier caso, Romero y otros dueños de caballos han replicado que “el contrato de pupilaje no compromete a la Federación a ese servicio, del que se benefician los dueños de animales para no tener que asumir en solitario todos los costes de transporte y demás, siempre con absoluta libertad para contratarlos por su cuenta cada vez que lo deseen”.
“La nueva Junta Directiva de la Federación ha mantenido las pautas que seguía la anterior, cuyo testigo nadie quería recoger hace un año, y hemos cambiado rutinas con unas normas y horarios claras e iguales para todos con el objetivo fundamental de mantener abierto el Centro Ecuestre y que recupere, cuando se supere la pandemia, la actividad y el número de alumnos, más de 300, que llego a tener”.
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