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El mapa de la discriminación que traza cada año el Ministerio del Interior reservaba este año una casilla a Ceuta.
La ciudad contabilizó durante el pasado año 2014 hasta cuatro incidentes vinculados a delitos de odio, la denominación que utiliza la Administración para tipificar las infracciones penales o administrativas que se cometen contra personas o propiedades por cuestiones de raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, situación de pobreza o exclusión social. El balance, presentado el martes por el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, dibuja un nuevo escenario en la ciudad en contraste con la ausencia de casos registrados en 2013. Cuatro incidentes pueden parecer un dato exiguo o insignificante, pero no tanto si se colocan frente al recuento de otras comunidades. En total La Rioja, por ejemplo, apenas anotó uno entre enero y diciembre del último año. Y en Extremadura, con su volumen de población, la Policía tuvo que esclarecer sólo 13. La proporción en Ceuta por número de habitantes puede empezar a ser preocupante. Según el balance de Interior, en la ciudad se registró en 2014 un delito por discriminación contra discapacitados, dos en los que los afectados fueron atacados –ya fuera verbal o físicamente– por su condición u orientación sexual y un cuarto en el que el motivo de la infracción escondía tintes racistas o xenófobos. Los informes no detallan el motivo del delito por protección a las víctimas, aunque sí especifican que éstas fueron tres y que las denuncias han acabado con dos acusados ante el juez en condición de detenidos o imputados. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron en toda España en 2014 hasta 1.285 delitos de odio, y la mayoría de ellos, hasta 513, estaban relacionados con la discriminación sexual de la víctima. Otros 475 escondían ataques racistas o xenófobos. Además, se contabilizaron 199 contra la discapacidad, 63 contra creencias o prácticas religiosas, 24 antisemitas y 11 relacionados con la aporofobia (conducta que provoca rechazo a la pobreza). En la comparativa con 2013 el número de casos se ha disparado en todo el país un 9,6 por ciento, aunque Interior no lo atribuye a un incremento claro de los delitos sino a la incorporación de los datos de la Ertzaintza –no contabilizados hasta ahora– y a una mayor recogida de datos. El perfil de la víctima suele ser el de un joven con edad comprendida entre los 26 y los 40 años. Los delitos de esta índole se ceban también con las mujeres, que representan el 54 por ciento de los casos. En siete de cada diez, los afectados son españoles. En cuanto a la casuística general, el interior de las viviendas es el lugar más común para que se cometan estos hechos delictivos, con 458 casos. A continuación, le siguen sucesos localizados en la vía pública y otras vías de comunicación (365), los establecimientos de hostelería y ocio (163), los espacios abiertos (79), los campos de fútbol (40) y los centros religiosos (40).
