El Pleno aprueba de manera provisional que las empresas de juego online paguen un IPSI súper reducido

El grupo del Partido Popular (PP) en el Pleno de la Asamblea sacó ayer adelante con sus votos la propuesta presentada por la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, para aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), en su artículo 33.Dos (con la adición de los apartados 6 y 7) y el artículo 91 (con la adición de un nuevo apartado 9). La oposición al completo votó en contra y solo el grupo de Ciudadanos se abstuvo. No obstante, al tener carácter provisional, la administración abrirá en breve el periodo de presentación de alegaciones.

Esta medida que parte de la Ciudad Autónoma se traduce en la aplicación de un tipo súper reducido del 0,5 por ciento para servicios de asesoramiento y tratamiento de datos, suministro de información en relación con las operaciones de juegos on line. Esta rebaja fiscal se aplicaría también a publicidad, atención al cliente o a los servicios prestados por vía electrónica.

Chandiramani explicó que esta reducción tributaria forma parte de un “proyecto integral de economía digital para Ceuta” y de creación de un “ecosistema importante para la instauración de empresas que se dediquen a la economía digital”. Se trata de atraer a aquellas empresas que se dediquen fundamentalmente a la economía digital y que, hasta la fecha, con los datos económicos que baraja Servicios Tributarios, organismo del cual ella es presidenta, sacó esta conclusión: “Teniendo en cuenta que el coste para la Hacienda Pública es de 200.000 euros para la Ciudad, creemos que esto puede tener un efecto multiplicador porque las empresas que vengan a implantarse sean muchos más y por lo tanto, al final, la recaudación sea mayor que estos 200.000 euros”.

El segundo de los puntos sometidos a deliberación en el Pleno de la Asamblea fue el relativo a delegar en el Consejo de Gobierno la reglamentación del Registro de Importadores que fue una medida que se implantó para ayudar en todo lo que tiene que ver con el comercio y la lucha contra el fraude fiscal así como el control de la infravaloración de mercancía que tanto demandaron los empresarios de la ciudad. “Se trata de delegar cuestiones muy técnicas o muy de procedimiento administrativo”, apuntó Chandiramani. En el turno de réplica, la consejera respondió a Ciudadanos que en la práctica diaria surgen “pequeñas disfunciones” que no necesitan de aprobación de un texto pero sí del Consejo de Gobierno.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado dan “un punto más de atractivo a nuestro Régimen Económico y Fiscal Especial: las bonificaciones a la Seguridad Social, el 60 por ciento de deducción en el IRPF, el 50 en el Impuesto de Sociedades. Esta bonificación en la tasa del juego es un punto más a favor de los ceutíes y ustedes están en contra”, se dirigió indignada a la bancada de la oposición.

La intención es que entre en vigor el 1 de enero de 2019

El Gobierno de la Ciudad persigue que estas modificaciones que ayer llevó al Pleno de la Asamblea puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2019 como complemento de la bonifiación del 50 por ciento contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Distintos grupos avanzaron ayer la línea de sus alegaciones al texto provisional.

“Nos vamos a quedar con lo más sórdido de la economía digital”

El diputado Juan Luis Aróstegui fue el encargado de intervenir en representación del grupo Caballas para poner el énfasis en la ludopatía y su efecto “destructivo” sobre “familias y segmentos de población juvenil” por la transformación en el perfil del jugador al que apuntan los últimos informes. “Nos vamos a quedar con lo más sórdido de la economía digital, que es el juego”, sentenció el localista. Un impacto “terrible” que llevó a la coalición a expresar un no “radical” a “fomentar fiscalmente la ludopatía”. Aróstegui instó a “poner la raya” ante la ludopatía como ya se hace ante otras adicciones y, por tanto, se opuso a “fomentar, incentivar, aplaudir y guiar con esos personajes públicos que son referencia para los jóvenes incitándolos a apostar”.

Aróstegui echó en falta en esta oportunidad planteada por la consejera un plan de localización de la economía digital “con los objetivos e instrumentos” necesarios y recuperó la mala experiencia con las reglas de origen.

El diputado de Caballas relacionó esta rebaja del IPSI, que incluye a la publicidad “con carácter general”, con una operación para enmascarar un intento de beneficiar a los medios de comunicación de cara a las próximas elecciones. Ante esta acusación, Chandiramani aseguró que para nada tiene un fin electoral además de considerar “excesivo” y una forma de “matar moscas a cañonazos” el argumento sobre el uso partidista de la partida publicitaria.

“Otra oportunidad perdida para Ceuta”

El portavoz del grupo socialista, Manuel Hernández, lamentó que al final de esta legislatura “corriendo, con urgencias, el Gobierno de la Ciudad nos presenta una modificación que es puntual y nosotros entendemos chapucera porque ni garantiza el empleo ni la inversión”. El diputado del PSOE alertó de que la carrera ya está perdida puesto que las empresas del sector que se pretenden atraer hasta Ceuta prefieren emigrar –por el Brexit– de Gibraltar a Malta porque en el archipiélago encuentran un régimen fiscal favorable pero con un entorno de desarrolladores de software. Los socialistas, que ofertaron que el expediente del Gobierno quedase encima de la mesa, señalaron que esta es “otra oportunidad perdida para la economía ceutí” y pidieron que no traigan más al Pleno “chapuzas como esta”, en referencia a esta modificación del IPSI. “No pueden ustedes venir aquí a hacer un brindis al sol”, reprochó Hernández a la bancada popular, cuando entre julio y septiembre solo se ha constituido una empresa dentro del epígrafe de juegos de azar y apuestas. El expediente denota, a su juicio, que el Gobierno no tiene “las ideas demasiado claras” ante la falta de estudios “rigurosos” y “llevan la modificación al último extremo haciendo la equivalencia de una barra de pan con un casino de Las Vegas”.

“No basta con la fiscalidad para captar empresas”

Javier Varga, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea, argumentó que “no basta con bajar la fiscalidad para generar efectos económicos, sobre todo de ese tipo, para la captación de empresas”. Tras años con esta alternativa sobre la mesa, Varga recriminó que la Ciudad quiere adoptar medidas en vísperas de unas elecciones, cuando incluso en Gran Bretaña se están planteando un nuevo referéndum para quedarse en la UE. “Ni generan confianza ni son rápidos” y “parece que ustedes son los que tienen menos confianza en que ese tipo de industria acabe en Ceuta”.

“¿Cree que una empresa privada va a querer trabajar con el monopolio del cable de fibra?”

La portavoz de MDyC en la Asamblea, Fatima Hamed, dedicó a la reforma del IPSI los calificativos de “bodrio, chapuza o birria” y describió la planificación de la consejera de “bosquejo mal planteado con tres ideas”. No obstante, instó a no desaprovechar las “posibilidades que el sector digital en su conjunto ofrece a la economía” y “se adaptan muy bien a las condiciones de la ciudad” basándose en un “plan estratégico propio” que case con los proyectos que se quieren desarrollar desde Procesa. En cuanto a la normativa que sustenta el expediente llevado ayer a Pleno, Hamed desveló que en algunos casos no está en vigor, lo cual interpretó como una “falta de seguridad” y movió a Chandiramani a anunciar que daría traslado del supuesto error a los técnicos. En el estudio técnico, al que aludió la localista, se enumeran dos cables de fibra óptica y que en la actualidad está en avanzado estado de ejecución la instalación de dos nuevos con lo que queda asegurada la viabilidad, según el Gobierno, pero con lo cual discrepó Hamed. Un déficit al que sumó la falta de un cable de fibra propio y que hubiera permitido la creación de la red educativa. “Si ni la administración pública quiere trabajar con ese monopolio, ¿cree que una empresa privada va a querer hacerlo?”, se preguntó acerca del informe. Recuperó otras reformas del IPSI que, a su juicio, no han arrojado resultados y criticó la “medida electoralista” de incluir la publicidad en la rebaja del tipo impositivo. Chandiramani insistió en que el cable tiene capacidad para dar servicio a las empresas que quieran instalarse en Ceuta.

La Ciudad ya ha reiterado al Gobierno central reducir el IPSI en 600 productos

En el turno de réplica, la consejera encargada de defender la propuesta, Kissy Chandiramani, rechazó la acusación de “chapucero” por parte de la oposición porque la Ciudad trabaja de manera coordinada con el diputado nacional, los Servicios Tributarios y diferentes entes privados y públicos. Como ejemplo, Chandiramani mencionó los contactos que mantiene con empresas de juego online en Gibraltar sobre cómo funcionan. “No podemos perder la oportunidad de este tren que pasa”, declaró la diputada.

Esa “preocupación” por la ludopatía manifestada por la oposición es compartida por el Gobierno y, por tanto, estarán “de acuerdo con las limitaciones” que establezca el Gobierno central. Además, recordó que el Plan de Salud de la Consejería de Sanidad tiene un programa para tratar esta adicción.

Chandiramani expuso la filosofía del “ecosistema de la economía digital”, con el juego online como uno de sus pilares, y la experiencia en polos como el radicado en Málaga. “El primer paso que hemos dado es la incubadora de empresas y las infraestructuras en la Escuela de Negocios. Y el curso de formación con la empresa que ha sido adjudicataria del contrato para la prestación de conocimiento a nuestros profesores de contenidos educativos para nuestros niños”, adelantó la consejera.

En cuanto a la acusación de desatender la solicitud de la Confederación de Empresarios (CECE) acerca de la reducción del IPSI en 600 productos, Chandiramani apeló a la “lealtad institucional” hacia el Gobierno de la nación “sea del signo que sea” porque ya reiteró esta necesidad al presidente Sánchez y la ministra Montero porque cuesta cuatro millones de euros. “No podemos traer la propuesta a Pleno sin tener la aprobación del Gobierno central”, indicó.