Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y las organizaciones que les apoyan, exigen el fin de la discriminación al votar y procesos electorales fáciles de entender. Para ello, han organizado acciones reivindicativas en casi 50 localidades españolas. En el acto estatal de Madrid, Plena inclusión España ha vuelto a sancionar por discriminatoria la instrucción de la Junta Electoral Central –que invita a los partidos políticos a apuntar el DNI de las personas con discapacidad que crean que no votan libremente- y ha anunciado que acudirá al Defensor del Pueblo, al que ya ha enviado una carta oficial. El anuncio se ha realizado durante el mitin de líderes con discapacidad intelectual y la pegada de carteles celebrados hoy en la Plaza Carlos Trías Beltrán en Madrid. En este acto también se
ha demandado que se cambie el nombre a la plaza, que ahora tiene el de uno de los fundadores de Falange Española de las JONS, por el nuevo de “Plena inclusión”, un movimiento asociativo que agrupa a 900 entidades de todo el Estado que trabajan para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La movilización forma parte de la campaña #MiVotoCuenta y se ha extendido a localidades como Logroño, A Coruña, Badajoz, Alicante, Barcelona, Segovia, Sevilla, Albacete y Oviedo, entre otras. A un mes de las elecciones generales, el movimiento asociativo celebra que en 2018 –en un hito histórico- recuperaran el derecho a voto unas 100.000 personas incapacitadas, la mayoría
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Pero también señala que aún falta mucho por recorrer para que se cumpla este derecho. Por ejemplo: el fin de actitudes discriminatorias como la de la Junta Electoral Central. También demanda mayor accesibilidad cognitiva en las elecciones con programas electorales en lectura fácil o mejorar la señalización de los colegios electorales.