Se atribuye a una maldición gitana la categórica expresión: “Pleitos tengas y los ganes”, aunque también aparece en el refranero:”Quien en pleitos anda metido, aunque los gane, siempre ha perdido”. No cabe duda que la filosofía popular identifica la intervención de la justicia con un riesgo y, en muchos casos, de consecuencias impredecibles. De ahí surgen las expresiones: “Mas vale un mal acuerdo que un buen juicio”, “Ganar un pleito y tu fortuna perder, bien puede suceder” o “Abogado, juez y doctor, cuanto más lejos mejor”.
Hace años, en 1985, el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, emitió la aseveración: “La justicia es un cachondeo”. Ciertamente, a pesar de la indignación generada en el estamento jurídico y la denuncia efectuada en su contra, el Tribunal Supremo declaró su absolución por el delito de desacato. De todas maneras, el pintoresco edil lleva unos cuantos años contemplando barrotes, aunque por otros motivos.
Cada día nos despertamos con sentencias judiciales incompresibles o al menos discutibles. Y es que quienes aplican las leyes son personas - los jueces - cada uno de su padre y de su madre, que interpretan los supuestos delitos y los artículos de las leyes – y no pongo en duda su buena voluntad - como Dios les da a entender. La prueba está en que en posteriores recursos, muchas nuevas sentencias contradicen las decisiones iniciales.
Afortunadamente no he tenido que pasar por ningún juez o tribunal de la justicia y Dios quiera que no tenga que hacerlo.
Reconozco que personalmente no serviría para juez, porque no estaría seguro en muchas ocasiones y la conciencia me remordería, tanto por condenar injustamente como por dejar sin pena a un culpable.
Siempre me ha llamado la atención cuando aparecen informaciones de casos que contienen sumarios de miles de páginas y de centenares de tomos.
No puedo entender que sea posible leerse tamaña cantidad de documentos y además escudriñando si algún párrafo o una frase son definitorios de culpabilidad o de inocencia.
“Quizás por mi profesión de ingeniero estoy más acostumbrado a sinterizar, a esquematizar, para poder contemplar un proceso de una manera más gráfica. Los farragosos sumarios y sentencias judiciales son a veces incomprensibles”
Quizá por mi profesión de ingeniero estoy más acostumbrado a sintetizar, a esquematizar, para poder contemplar un proceso de una manera más gráfica. Los farragosos sumarios y sentencias judiciales son a veces incomprensibles.
Ocurre en muchos casos que leyendo una sentencia - sobre algo que, a mi entender, puede resumirse en un par de páginas - entre circunloquios y tópicos latinajos, crees que la decisión va favorable al encausado.
¡Pues no! cuando llegas al fallo- que también cuesta trabajo interpretar- resulta que al interfecto lo consideran culpable, lo sancionan monetariamente o con cárcel, a veces lo amonestan y además le hacen pagar las costas del juicio.
Más del 80 % de la ciudadanía coincide en la dificultad para entender el lenguaje jurídico y muchos expertos lingüistas lo considera barroco y plagado de términos, crípticos, arcaicos y oscuros. Lázaro Carreter lo calificaba como amojamado y mustio.
Por otra parte, la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados, el 16 de abril de 2002, hace de la claridad del Derecho una política pública. Reconoce a la ciudadanía el derecho a que las notificaciones, citaciones y requerimientos, así como el lenguaje en las vistas y comparecencias resulte comprensible.
Por eso recoge textualmente: “El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico”.
Con estas razones y entendiendo que, en la época actual, hay que hacer más accesibles los textos jurídicos al resto de los mortales, el Gobierno encargó - en diciembre del 2009- a una Comisión de expertos un informe sobre la modernización del lenguaje jurídico. Hubo un antecedente fallido en el 2003
Dicha Comisión trabajó durante año y medio, bajo la supervisión de la Real Academia Española (RAE) y presentó sus recomendaciones en el mes de septiembre de 2011.
Al inicio del Informe se puntualiza que: “Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender”. Puso a disposición de profesionales, instituciones y medios de comunicación una serie de normas para hacer más claro y comprensible a los ciudadanos el lenguaje jurídico.
Da orientaciones sobre como elaborar el discurso, las descripciones, el modo narrativo, la longitud de párrafos, la no concatenación excesiva de frases subordinadas, las normas de puntuación, la construcción y uso de gerundios, las preposiciones, las formas arcaicas de subjuntivos, los usos incongruentes de tiempos verbales, las terminologías, las citas y las referencias.
Propone -y se crea en diciembre de 2011- una Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico, con un plan de trabajo bianual y fomento de premios al buen hacer. Su labor ha sido anodina, de tal manera que en abril de 2016 la Comisión de Justicia del Parlamento aprobó por unanimidad medidas para la reactivación de la claridad.
Incidiendo en el tema, el año pasado se publicó el Libro de Estilo de la Justicia, por la Real Academia y el Consejo General del Poder Judicial.
En suma, parece que hay instrumentos para un interesante acercamiento al ciudadano, sufridor en muchas ocasiones de los procesos judiciales.
Pero ya hace siete años que se emitió el Informe, la Comisión para la Claridad está ausente y mucho me temo que el avance haya sido mínimo. La lectura del Informe y del Libro de Estilo por los profesionales del Derecho, así como la divulgación de las enseñanzas a los nuevos graduados en las Facultades, quizá colabore a que las altas instancias del mundo judicial desciendan a las humildes praderas donde nos movemos los comunes mortales. No perdamos la esperanza.