La ola de “unidad” generada entre buena parte del colectivo docente de la ciudad autónoma alrededor de su supuesta “vulnerabilidad” tras el arresto en menos de una semana de dos maestros de Educación Física tras ser denunciados por presuntos
abusos sexuales sobre alumnas de cuatro años en dos colegios públicos está intentando sustanciarse en una “plataforma” para, al margen de los sindicatos, reclamar al Ministerio de
Educación y Formación Profesional (
MEFP) que dé a los profesionales formadores de su territorio el rango de autoridad pública que ya tienen los de otras Comunidades Autónomas con capacidad legislativa.
Según destacan los promotores del movimiento, con las leyes que se han desarrollado en distintas regiones de todo el país “se regula la presunción de veracidad del profesorado y, por otra parte, a efectos penales, el reconocimiento del profesorado como autoridad pública se traduce en el endurecimiento de las penas a los reos del delito del artículo 550 del Código Penal, el de atentado a la autoridad, que llegan hasta 1 a 4 años de prisión y multas de 3 a 6 meses”.
“Es decir, existe una agravación respecto de la pena que se impone en el caso de considerarse funcionarios públicos y no autoridad pública”, han comparado los defensores de la propuesta.
La Comunidad de Madrid fue la primera, hace casi diez años, en elaborar una norma de ese tipo con el objetivo explícito de “reforzar la autoridad de maestros y profesores con el fin de garantizar el derecho individual a la educación, mejorar la convivencia en los centros educativos y aumentar la calidad de la enseñanza”.
“Para que los profesores puedan realizar con éxito la elevada tarea que la sociedad les encomienda, es preciso transmitir que, además de la autoridad que les confiere su saber, están investidos de una autoridad institucional por ejercer la función primordial de la docencia y ser, con ello, garantes inmediatos del derecho constitucional a la educación”, proclamó el legislativo.
Presunción de veracidad y más protección jurídica
El reconocimiento legal de la condición de autoridad pública a los directores y los demás miembros del equipo directivo, así como a los profesores, implica que todos ellos gozan “de presunción de veracidad, en sus informes y declaraciones”, así como de la protección reforzada reconocida por el ordenamiento jurídico vigente. Los sindicatos advirtieron que sólo con eso no mejoran los problemas de convivencia escolar, ni erradicar la violencia de los centros"