La ola de “unidad” generada entre buena parte del colectivo docente de la ciudad autónoma alrededor de su supuesta “vulnerabilidad” tras el arresto en menos de una semana de dos maestros de Educación Física tras ser denunciados por presuntos abusos sexuales sobre alumnas de cuatro años en dos colegios públicos está intentando sustanciarse en una “plataforma” para, al margen de los sindicatos, reclamar al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que dé a los profesionales formadores de su territorio el rango de autoridad pública que ya tienen los de otras Comunidades Autónomas con capacidad legislativa.
Según destacan los promotores del movimiento, con las leyes que se han desarrollado en distintas regiones de todo el país “se regula la presunción de veracidad del profesorado y, por otra parte, a efectos penales, el reconocimiento del profesorado como autoridad pública se traduce en el endurecimiento de las penas a los reos del delito del artículo 550 del Código Penal, el de atentado a la autoridad, que llegan hasta 1 a 4 años de prisión y multas de 3 a 6 meses”.
“Es decir, existe una agravación respecto de la pena que se impone en el caso de considerarse funcionarios públicos y no autoridad pública”, han comparado los defensores de la propuesta.
La Comunidad de Madrid fue la primera, hace casi diez años, en elaborar una norma de ese tipo con el objetivo explícito de “reforzar la autoridad de maestros y profesores con el fin de garantizar el derecho individual a la educación, mejorar la convivencia en los centros educativos y aumentar la calidad de la enseñanza”.
“Para que los profesores puedan realizar con éxito la elevada tarea que la sociedad les encomienda, es preciso transmitir que, además de la autoridad que les confiere su saber, están investidos de una autoridad institucional por ejercer la función primordial de la docencia y ser, con ello, garantes inmediatos del derecho constitucional a la educación”, proclamó el legislativo.
Presunción de veracidad y más protección jurídica
El reconocimiento legal de la condición de autoridad pública a los directores y los demás miembros del equipo directivo, así como a los profesores, implica que todos ellos gozan “de presunción de veracidad, en sus informes y declaraciones”, así como de la protección reforzada reconocida por el ordenamiento jurídico vigente. Los sindicatos advirtieron que sólo con eso no mejoran los problemas de convivencia escolar, ni erradicar la violencia de los centros"
Por qué no la inviolabilidad como el Rey?
Los médicos, autoridad; los funcionarios, autoridad;los maestros autoridad; los taxistas, que también lo pidan y hasta el cuponero que no se queda atrás. Aquí, "tooooo" dios autoridad, para evitar responsabilidades y que sus palabras prevalezcan sobre los demás. Esto es España
En el supuesto caso de que la justicia declare responsables de abuso a alguno de los dos maestros detenidos, ¿Que legitimidad tendrían estas personas que portan cartelitos y asegurando la inocencia de los mismos?.
Y a los que la justicia les sea culpable, que se les aumente la pena hasta el infinito., precisamente por lo que son y la sociedad espera de ellos integridad.
Dejen que la policía haga su trabajo, y cumplan ustedes el suyo. Más vulnerables que son los niños, no lo son ustedes
El CORPORATIVISMO de este grupo de empleados PUBLICOS llama mucho la atención, si les parece bien a los señores docentes les dotamos de armas y municiones para así poder defenderse frente a los niños.
Ironías aparte creo que siempre hay que estar del lado de los débiles y en este caso lo siento, pero no sois vosotros.
Un saludo a todos aquellos allá donde estén que con su paciencia y sabiduría nos convirtieron en grandes profesionales y mejores personas.
Solidaridad con las víctimas menos de 4 años y solidaridad con las víctimas del colegio san agustin
Que todo el peso de la ley caiga sobre los culpables
Una cosa no quita la otra. Que dejen actuar a la justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre los culpables de cualquier acto deleznable. Otra cosa es el desamparo en el que se encuentra el profesorado para poder realizar su labor. Aquí no se habla de defender a nadie ni de corporativismo. Aquí se habla de garantizar la figura del docente como funcionario público para que pueda prestar un servicio a la comunidad en las mejores condiciones posibles.
Que proteccion ni que leches son niñoss señores no una milicia hay q protegerlos a ellos de los docentes, que hablamos de niños no de jovenes como en el Caso de San Agustín niños de 4 años que sus padres veln por su seguridad y bienestar para que los niños sean abusados en el entorno escolar que solucion hay contraa estoo ellos piden y nosotros los padres inseguros incapaces de alzar la voz por miedo a represalias por parte de los docentes o peor aun del mismísimo colegio (publico) yo personalmente no estoy a gusto llevando a mi hija a un colegio cuyo profesor fue procesado por un delito de abusos
Sólidaridad y justicia para los menores de 4 años y que caiga todo el peso de la ley contra los culpables
Jamás pondría la mano en el fuego por nadie