La Ciudad Autónoma de Ceuta acelerará el traslado al puerto de la base del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos que durante los últimos 10 años ha operado Trace en Benzú. Si en el Pleno se anunció que como muy tarde el 31 de enero estaría concretado el adiós a la cantera, al final se materializará mucho antes, durante la segunda quincena de octubre, en “un mes o mes y medio”.
La plantilla de la prestataria del servicio dejará de tener que desplazarse hasta la barriada de la periferia a mediados o a finales del mes próximo en función de la velocidad con la que se ejecute el acondicionamiento (con asfaltado o grava) de alrededor de 2.000 de los 10.000 metros cuadrados que la Autoridad Portuaria ha cedido a la Ciudad en la ampliación del muelle de Poniente.
La administración prevé instalar en ese espacio módulos prefabricados provisionales mientras, en paralelo, saca a licitación por alrededor de 10 millones de euros la construcción de unas instalaciones fijas de titularidad municipal.
Trace se instaló en Benzú después de ganar el concurso de 2013, al que no concurrió Urbaser, la anterior concesionaria del servicio, que tenía sus instalaciones en el puerto, un emplazamiento que evitaba múltiples trayectos ineficientes de ida y vuelta. El Convenio Colectivo del sector recoge actualmente un Plus de Transporte de 164.32 euros por 11 mensualidades.
A concurso, como las dependencias de limpieza definitivas, saldrá también la compra de maquinaria nueva por unos 15 millones, aunque el Gobierno de Vivas está barajando recurrir a fórmulas de alquiler para contar cuanto antes con recursos materiales que compensen la antigüedad y frecuentes averías de la adquirida en su momento por Trace, ya amortizada.
La tercera pata del servicio, la del personal, someterá su futuro a las conclusiones que alcance la comisión política y técnica que el Ejecutivo local propondrá este mes crear al Pleno para decidir entre mantener la gestión indirecta licitando un nuevo contrato de servicio u optar por la municipalización.
El portavoz del Gobierno y consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, ha dado prácticamente por descartado este miércoles en rueda de prensa una concesión administrativa a largo plazo, ya que “con la maquinaria y la base municipales, no habrá grandes inversiones que una adjudicataria deba amortizar durante muchos años”.
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