Unos cuarenta trabajadores de la concesionaria del servicio público de autobuses urbanos que gestiona la
empresa Hadú-Almadraba se han
concentrado este jueves ante la Asamblea para exigir al Gobierno de Ceuta “soluciones” para la plantilla. De sus alrededor de 60 trabajadores,
dieciséis continúan sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) totales (9, uno por encontrarse el empleado en Marruecos) o parciales (7) que se podrían resolver, según han explicado los representantes de Comisiones Obreras, si la Ciudad pusiese 100.000 euros para activar tres nuevas líneas: la de la prisión aprobada en el Pleno, otra por la tarde a Zurrón-Varela y un refuerzo de la conexión a la frontera. Si nada se mueve y no se produce su reincorporación “inmediata” tras hasta 24 meses “en la calle”, el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Blanco, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de
CCOO, Emilio Postigo, han advertido que
la huelga convocada a partir del 18 de abril será “imparable”. “Los compañeros se encuentran en una situación trágica, destrozados psicológicamente y con problemas económicos hasta para comer... Varios han recurrido a la jubilación para tener un sueldo digno y llegaremos a la huelga si estos señores no incorporan tres autobuses más en la calle”, ha precisado Blanco. “La empresa está de acuerdo con nosotros y todo está en manos del Gobierno”, ha zanjado. “Están cansados de vivir en una permanente incertidumbre, sin saber si cada mes van a cobrar sus salarios y ahora ni siquiera si van a seguir trabajando”, ha resumido Emilio Postigo la deriva de “empobrecimiento” del servicio, agudizada tras el cierre de la frontera, que lo dejó sin aproximadamente la mitad de los ingresos que tenía hasta la declaración de la pandemia.
En medio de una atronadora pitada y con el respaldo del diputado autonómico de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, los concentrados han insistido en que la municipalización del servicio solicitada desde hace años por los partidos de la oposición sería la solución “definitiva” a su problemática y en que también redundaría en beneficio de la ciudadanía. De momento, la
administración local, que a finales de 2020 prorrogó dos años la concesión a la actual adjudicataria, todavía no ha publicado los pliegos de su licitación, por la que se han interesado ya al menos dos empresas de la península.