Plantar cara al petaqueo: el objetivo judicial para combatir a los narcos

La fiscal delegada antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, insiste en la necesidad de tipificar el delito | La memoria de la Fiscalía General del Estado recoge esta problemática sobre la que se pronunció la Audiencia de Ceuta

Lo dice hasta la fiscal delegada antidroga de Andalucía, hay que plantar cara al petaqueo, tipificar el delito para asestar un duro golpe a las mafias que se dedican al tráfico de hachís procedente de Marruecos y que encuentra en Ceuta uno de sus trampolines.

En una entrevista ofrecida al programa de Canal Sur, La mañana de Andalucía, Ana Villagómez, se hace hincapié en la necesidad de que el abastecimiento de combustible a las narcolanchas, que se realiza en alta mar al no poder atracar por ser género prohibido, tenga su debido castigo.

Es un peligro. Hace poco conocimos que cargaron 2.000 litros en una gasolinera de la ciudad de Cádiz y lo transportaron por toda la ciudad. No ha pasado algo de milagro”, ha explicado la fiscal Villagómez en dicho programa.

“Detrás hay organizaciones con infraestructura para guardar las petacas en chalets, con personas que las cargan en las gasolineras, las llevan a esos chalets y luego la llevan a la playa para las narcolanchas”, concluye.

Al petaqueo se le suma el aumento de la violencia debido al constatado empleo de armas de guerra para proteger los alijos de droga.

Lo que dice la Fiscalía General del Estado

La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio 2023 destaca la “proliferación escandalosa de las narcolanchas” y alude a la “menor presión policial” por el fin del OCON Sur, con trayectoria eficiente en el sur peninsular y también en Ceuta.

Pone el foco además en los petaqueros y la necesidad de actuar contra esta figura clave en la cadena del narcotráfico ya que se encarga de abastecer de combustible a las embarcaciones posibilitando así que logren con éxito el pase de estupefacientes.

Villagómez recuerda que hay una brecha en la persecución de esta actividad respecto a la de las narcolanchas, ya que hay diferencias de criterio jurídico a la hora de sancionarla.

“La actividad del petaqueo aún no hemos conseguido que se considere delictiva completamente y hay criterios jurídicos enfrentados entre los magistrados en Cádiz donde tenemos unos cincuenta asuntos de este tipo y eso es una brecha. Llevamos tres o cuatro años pidiendo en la Memoria que se tipifique como delito y no lo hemos conseguido”, ha comentado Villagómez en el citado programa.

Criterios jurídicos de los magistrados

En un pleno de magistrados celebrado en abril de este año se acordó por mayoría y con voz favorable de la Sección VI en nuestra ciudad, considerar delito al petaqueo de gasolina con penas de hasta 8 años de prisión.

Fue con el voto favorable de Algeciras, Ceuta, Jerez y parte de Cádiz, considerándose que era viable aplicar el artículo 568 del Código Penal que contempla penas de 4 a 8 años de prisión por esos transportes.

La decisión no es jurisdiccional ni vinculante, pero enfoca mejor el camino de lucha contra esta práctica que resulta clave para que los traslados de grandes cantidades de hachís sigan produciéndose. Va en consonancia de la postura de la Fiscalía.

Este debate judicial se produjo tras conocerse un pionero auto de la Audiencia Provincial de Cádiz en su Sección 7ª que enmarcó el suministro de gasolina para las narcolanchas como un delito contemplado en el artículo 568 del Código Penal.

Así funciona esta mafia

Los pilotos tienen que estar en alta mar, alejados de puertos con sus narcolanchas, por lo que necesitan gran cantidad de combustible, así como alimento y bebida. Es ahí donde entra en juego el papel de los petaqueros.

Qué sucede, que la ausencia de una figura penal específica para castigar esta actividad hace que quienes son imprescindibles para los narcos terminen con una sanción administrativa de ser sorprendidos por los agentes.

La dificultad de probar que ese material se destinará al narcotráfico o el hecho de que no se produzcan daños hace que unos jueces entiendan que la actividad no se puede contemplar actualmente como delito (de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública o de estragos, por ejemplo) y otros que el tipo penal que lo define no es de la gravedad suficiente como para mantener en prisión a una persona.

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