El Ministerio de Política Territorial presenta un balance positivo de los avances en la XIV legislatura, especialmente en 2022, con la aprobación de los planes integrales de desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla con 711 millones de euros, entre otros logros.
También figuran como objetivos cumplidos el impulso de la cogobernanza; nuevos traspasos y profundización en el autogobierno de las comunidades autónomas; reducción de la conflictividad en un 67%, puesta en marcha del plan para la desconcentración de organismos públicos; menos tiempo para tramitar las ayudas por catástrofes a las entidades locales; y el programa 'La Administración cerca de ti', que en su primera fase llevará servicios públicos digitales a 3.200 pequeños municipios.
El Ministerio de Política Territorial aprobó el 18 de octubre de este año los planes estratégicos de desarrollo socioeconómico para Ceuta y Melilla, para "impulsar la actividad económica en las dos ciudades y generar un horizonte de oportunidades para las nuevas generaciones de sus habitantes".
Son 711 millones de inversión para los planes de las dos ciudades, que responden a un "compromiso" del Gobierno y que fueron presentados por la ministra Isabel Rodríguez tanto en Ceuta como en Melilla, "habiéndose constituido ya las comisiones de seguimiento para verificar su cumplimiento".
Las inversiones impulsarán "dos ciudades modernas, digitalizadas y sostenibles para acelerar la transformación económica y social" impulsada por el Gobierno de España y la UE con tres ejes de actuación: nuevo modelo económico, infraestructuras y vivienda y fortalecimiento de los servicios públicos.
Se trata del primer año completo de la ministra Isabel Rodríguez al frente del Ministerio de Política Territorial, este departamento presenta su balance ‘Cumpliendo’, en el que destacan, también en 2022, la aprobación del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, la revitalización de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) y el impulso de la presencia de la AGE en el territorio.
El compromiso del Gobierno con la cogobernanza se ha mterializado también en 2022. Se han celebrado hasta diciembre 151 conferencias sectoriales, siguiendo el ritmo iniciado en 2020, cuando se incrementaron más de un 200%, pasando de una media anual de 56 a 169 reuniones, por la pandemia. En 2021, el Gobierno mantuvo su compromiso, celebrándose más de 170 reuniones.
Además, durante el estado de alarma, se celebraron 17 Conferencias de Presidentes, más que en toda la historia. En 2021 se celebraron dos, una en julio, y otra el 22 de diciembre. Y este año, en 2022, se celebró el 13 de marzo la Conferencia de Presidentes de La Palma, que aprobó el Reglamento, para agilizar su funcionamiento e impulsar la cooperación en materia de emergencias y protección civil entre las distintas administraciones públicas.
La ministra de Política Territorial ha destacado durante 2022 que “esta es la Legislatura del diálogo y la cooperación con las comunidades autónomas” y que el Estado de las autonomías funciona, “la clave está en la colaboración, la cogobernanza y la cohesión”.
El Ministerio de Política Territorial ha reducido los plazos de tramitación de las ayudas a las entidades locales por catástrofes naturales a un tercio del tiempo empleado en anteriores legislaturas. Si en 2015 pasaban 461 días hasta la publicación de la convocatoria, en 2022 se ha reducido el periodo de tramitación a 148 días. Es decir, los plazos se han reducido a más de un tercio, a pesar de que ha habido que afrontar en este periodo la gestión de la pandemia y las consecuencias económicas de la guerra.
Reducción considerable de tiempo, cumpliendo el objetivo de la ministra de Política Territorial de agilizar las subvenciones y que lleguen antes a las entidades locales, para que puedan reparar los daños producidos más rápidamente, a pesar de que hay un plazo imprescindible de presentación de solicitudes, subsanación de errores, comprobación, estimación de daños, etcétera.
En 2022 se han aprobado subvenciones a entidades locales para reparación de infraestructuras y equipamientos municipales dañados por catástrofes naturales. Entres las ayudas, destaca la isla de La Palma que ha recibido casi 40 millones de euros.
En 2022, el importe de las ayudas asignadas para paliar los efectos de las catástrofes naturales, que afectan a prácticamente todas las comunidades autónomas, supera los 182 millones de euros, al que hay que sumar cerca de 5,4 millones de euros pendientes de asignar de las últimas líneas de ayudas convocadas este año.
La pandemia puso de manifiesto que las delegaciones del Gobierno son un referente clave de la acción del Gobierno en el territorio, y en 2022 han retomado su actividad habitual, desarrollando el Plan Estratégico Integral para la mejora de los servicios de la AGE como hoja de ruta. Buena parte de las 40 medidas ya están en marcha en torno a varios ejes: coordinación, mejora y simplificación de los recursos humanos y organizativos, digitalización, imagen corporativa y planes dirigidos a servicios sensibles como las Oficinas de Extranjería y los Servicios de Inspección Sanitaria en Frontera.
Las oficinas de Extranjería se han reforzado con 295 empleados públicos más para agilizar la tramitación de expedientes, reducir el número de autorizaciones en trámite y los tiempos de resolución. Como dato a tener en cuenta, solo en el último año, estas oficinas recibieron 866.790 solicitudes de autorización.
Este mes de diciembre se ha cerrado el plazo de recepción de solicitudes, abierto en septiembre, para la segunda convocatoria de subvenciones para digitalización de las entidades locales, por importe de 154 millones de euros, dentro del Plan de Recuperación.
Si en la convocatoria de 2021 se recibieron 348 proyectos de 145 entidades locales por importe de casi 90 millones de euros, para poblaciones con más de 50.000 habitantes, otros 300 millones de euros se distribuirán en 2022 y 2023 a todas las EELL en dos convocatorias, hasta sumar 392 millones en total para digitalizar los servicios municipales, en palabras de la ministra Isabel Rodríguez, “para hacer más inteligente al Estado en el territorio”.
En la convocatoria 2022 se han recibido solicitudes de ayuntamientos que cuentan entre 20.000 y 50.000 habitantes, así como de diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales y Ceuta y Melilla.
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