Los Planes de Empleo 2024-2025 vienen lastrados por el riesgo de desarrollo después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social los haya puesto en jaque con una normativa que limita a entre la mitad y dos tercios de los costes salariales de cada beneficiario, en función de su categoría, el montante subvencionable con las partidas que hasta ahora financiaban íntegramente esos programas.
La consecuencia directa de todo esto es la exigencia económica que se coloca en el tejado de la Ciudad para poder sacarlos adelante debiendo garantizar las retribuciones avaladas por los tribunales en las estimaciones de los distintos recursos ya presentados.
El Ejecutivo local todavía no se ha pronunciado en torno a este revés, pero trabaja ya en la reordenación de las cuentas para afrontar el embiste improvisado ya que, de no hacerse, pondría en riesgo la convocatoria laboral que tantas expectativas genera en la ciudad.
El tema es importante, tanto que debiera obligar de inmediato a la configuración de un debate entre administraciones movido en el marco de la tan manida lealtad institucional para garantizar esos planes y dotar de cierta tranquilidad a una ciudadanía expectante que obtiene en esa selección la única manera de mantenerse a flote unos meses.
La convocatoria queda en el aire, un riesgo que no puede ser permitido en un actual momento de incertidumbre en el que las dos administraciones, gobernadas por distinto signo político, deben saber estar a la altura.
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