No cabe sorpresa alguna decir que nuestro alcalde-presidente, Juan Vivas, optó claramente, desde el primer día de su mandato, por un modelo de Administración autonómica local desfuncionarizado.
Nuestra administración local está sufriendo por un lado, un deterioro progresivo por la falta de personal funcionario que padece; mientras que por otro lado, y aunque parezca increíble, los empleados públicos tienen que soportar la mala opinión que incompetentes políticos vierten a menudo sobre ellos, con el ánimo de desacreditarlos manchando su imagen de forma malévola.
La actual plantilla ha sufrido amortizaciones de puestos de trabajo y además viene padeciendo una sustitución sistemática de empleo estructural por una transferencia de puestos de trabajo proveniente de los Planes de Empleo y Colaboración Social. En la mayoría de los casos, todo ello por menos de la mitad del salario de un empleado público y a pesar de que estos trabajadores están realizando idénticas tareas. Es evidente que esta situación no garantiza una plantilla que pueda responder a los retos de una administración ágil, moderna y suficiente, capaz de ofrecer unos servicios públicos de calidad.
No plantear una oferta pública de empleo es no creer en lo público. No cubrir las necesidades que existen en la administración local priva a los ciudadanos de obtener un empleo de mayor calidad. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón?, ¿económica?, ¿qué sentido tiene esta práctica?, ¿qué propósito tiene este modelo, propio del fruto de una charla en la barra de bar?, ¿simplemente electoralista?
Conviene tener en cuenta que este tipo de contratos de planes de empleo y colaboración social no necesita oferta pública, ni publicidad, ni méritos, ni capacidad; tan solo la elaboración de un traje para algunos y la connivencia de otro servicio público que se preste a ello con facilidad. Ni así se combate el desempleo, ni así se gestiona una administración pública.
