El Consejo de Ministros aprobó y dio a conocer ayer el contenido del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico que ha elaborado para Ceuta, un documento con más de 70 medidas que prevén una inversión superior a 350 millones de euros durante el próximo cuatrienio, pero que no despeja algunas incógnitas estructurales y estratégicas que siguen en el aire sobre el futuro de la ciudad. El Gobierno central no se ha pronunciado sobre si conviene o no prescindir definitivamente de la excepcionalidad del Tratado de Schengen ni sobre si es partidario de solicitar la inclusión de Ceuta en la Unión Aduanera, por citar dos ejemplos.
El Plan no debe ser menospreciado por ello, pues ayuda a ordenar y calendarizar muchos de los proyectos que el Estado ha manejado durante los últimos años con mayor o menor concreción y éxito para la ciudad, pero no es completo del todo. Entre los aspectos positivos de su contenido está su decidida apuesta por mejorar servicios públicos básicos que siguen siendo competencia del Gobierno central como Educación o Sanidad con cuantiosas inversiones. También su visión del puerto como vector claro de desarrollo económico o la necesidad asumida por fin de liberar suelo militar para cubrir carencias históricas en materia de viviendas sociales y otras infraestructuras. En el debe queda con qué agilidad será capaz del Gobierno central de acometer los compromisos establecidos, así como esos desafíos estratégicos que no se resuelven ni se orientan en clave desiderativa, pues su materialización ni siquiera depende de España, que como mínimo debería saber lo que quiere para trabajar por conseguirlo ante la UE.
