La Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha reabierto el melón para, si toca, tirar hacia arriba (ministros, secretarios de Estado...) con la instrucción del caso que tiene al filo del banquillo penal a
Salvadora Mateos y
Mabel Deu como encausadas por prevaricación administrativa continuada en la expulsión de 55
menores migrantes solos a
Marruecos en
agosto de 2021 .
En esa coyuntura, una acusación popular, la Red Española de Inmigración, ha pedido que se requise el teléfono con el que la exvicepresidenta de la Ciudad hablaba o
se mensajeaba con representantes del Gobierno central por si pudieran destruirse pruebas que podrían acabar derivando en la exigencia de responsabilidades penales para altos cargos de Interior u otros ministerios.
Deu aseguró en septiembre del año pasado
como investigada que entre mayo de 2021 y agosto de ese mismo año habló casi “a diario” con representantes del Ejecutivo de Sánchez, sobre todo con la entonces jefa de Gabinete de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres. También se reunió entre otros con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Supuestamente todos avalaron o empujaron la solución adoptada, una expulsión al margen de la Ley de Extranjería sancionada judicialmente de forma repetida a la espera del dictamen del Supremo.
"Se pide a Deu que aporte, si quiere, los listados de llamadas con sus mensajes"
La jueza instructora siempre se negó, sin que la Fiscalía lo pidiera tampoco, a tirar más alto al Gobierno central, pero la Audiencia ha dictaminado que “no tenía razón de ser limitar las indagaciones a
otros posibles responsables penales por haber cooperado o colaborado de una u otra forma con las dos investigadas para la realización de los hechos inicialmente comunicados a la autoridad judicial y, más en concreto, si los mismos se encontrarían dentro del círculo del Gobierno de España”.
Por ello ha ordenado que se inste a Deu a aportar, si quiere, “los listados de llamadas con su duración y los mensajes intercambiados a través de aplicaciones de telefonía móvil con personas que actuaban por cuenta de la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España y sus ministerios de Interior, Derechos Sociales y Agenda 2030 y Asuntos Exteriores”.
¿Y si no puede? Para prevenirlo, la Red Española de Inmigración ha pedido a la Audiencia, según fuentes jurídicas, que a la vista de que ya está en el Ejecutivo local, “se prohíba el formateo o cualquier otra actuación técnica que borre, inutilice o deteriore el o los teléfonos móviles de titularidad pública o privada que han estado o estén” en posesión de Deu. También que “se proceda a depositar en las dependencias del
juzgado dichos teléfonos móviles, hasta la práctica de la diligencia instructora acordada” por la Audiencia Provincial.