El magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio seguido contra un acusado al que la Fiscalía atribuye un delito de estafa o, de forma alternativa, un delito de blanqueo de capitales, tras considerar que recibió en una cuenta de juego el dinero procedente de una operación fraudulenta realizada mediante Bizum.
Durante la vista oral, el Ministerio Fiscal mantuvo que el acusado actuó como cooperador necesario en la estafa al poner a disposición de los autores del engaño una cuenta vinculada a una plataforma de apuestas. Por eso mismo le pide prisión ya que calificó que actuó como mula en un delito de estafa
La defensa sostuvo que no existe prueba suficiente y que toda la acusación se sustenta en conjeturas, sin una investigación completa sobre el destino del dinero.
La causa tiene su origen en un cargo de 2.990 euros efectuado el 10 de mayo de 2023 desde la cuenta bancaria del perjudicado hacia una cuenta de Electraworks Ceuta S.A., asociada al número de teléfono del acusado. El afectado ya fue resarcido por BBVA, entidad que asumió el perjuicio económico y que reclama ahora la devolución de esa cantidad.
Durante su declaración, el acusado explicó que abrió una cuenta en Electraworks Ceuta S.A., aunque aseguró que no era él quien la utilizaba cuando se produjeron los hechos investigados.
Asimismo, afirmó que presentó una denuncia ante la Guardia Civil al percatarse de la situación. Según manifestó, cuando comprobó el estado de la cuenta apenas quedaban 80 euros y el resto del dinero había sido transferido a otra tarjeta cuya existencia, aseguró, desconocía, insistiendo en que detrás de los movimientos existía otra persona.
El perjudicado explicó que detectó varios cargos no autorizados en su cuenta bancaria, motivo por el que interpuso una denuncia.
También indicó que su teléfono móvil fue analizado y que posteriormente ese examen fue remitido a la Policía como parte de la investigación abierta para esclarecer el origen de la operación fraudulenta.
La representante de Electraworks Ceuta S.A. declaró que la cuenta del acusado fue creada en 2014 y que durante los primeros años registró un patrón de actividad habitual.
Según expuso, hasta 2019 las apuestas eran de importes reducidos, alrededor de 50 euros, aunque posteriormente comenzaron a cambiar tanto el volumen como la dinámica de las operaciones. Añadió que en 2020 se produjo un parón en la actividad y que en 2023 se detectó un patrón inusual de apuestas.
Finalmente, señaló que fue en 2024, tras recibir un requerimiento policial, cuando la empresa procedió al cierre de la cuenta vinculada al acusado.
El agente de la Policía que intervino en la investigación explicó que las diligencias practicadas permitieron comprobar que el acusado era el titular de la cuenta utilizada para recibir el dinero.
Además, precisó que esa titularidad había sido verificada tanto por la empresa de juego como por la compañía telefónica asociada al número facilitado por el acusado, indicando que este tipo de plataformas utilizan sistemas de identificación mediante vídeo selfie para validar la identidad de sus usuarios.
En su informe final, la Fiscalía solicitó una sentencia condenatoria al entender que ha quedado acreditado que los 2.990 euros acabaron en una cuenta cuyo único titular era el acusado.
El Ministerio Público sostuvo que, aunque no se le atribuye haber ejecutado directamente el engaño, sí considera que actuó como cooperador necesario, al facilitar una cuenta donde se recibió el dinero procedente de la estafa.
Añadió que, en caso de no apreciarse esa participación, los hechos serían igualmente constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, al considerar que el acusado recibió el dinero, no lo devolvió y obtuvo un enriquecimiento injusto.
La Fiscalía insistió en que la investigación no reveló la existencia de un tercero utilizando la cuenta y defendió que los movimientos se realizaron siguiendo un patrón habitual de funcionamiento, recordando además que la apertura y utilización de la cuenta exigía superar distintos mecanismos de verificación de identidad.
El letrado de BBVA, entidad que asumió el reintegro del dinero al perjudicado, se adhirió íntegramente a las conclusiones expuestas por el Ministerio Fiscal.
Además, argumentó que el acusado era el único autorizado para operar con la cuenta y sostuvo que, tras el ingreso de los 2.990 euros, se produjo un incremento en el importe de las apuestas realizadas, lo que, a su juicio, evidencia que el dinero fue empleado para continuar apostando.
Por su parte, el abogado de la defensa solicitó la libre absolución del acusado al entender que no existe una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
El letrado criticó que toda la investigación se limitara a acreditar la titularidad de la cuenta, sin realizar un seguimiento completo del recorrido del dinero ni practicar otras diligencias técnicas, como el análisis de las direcciones IP desde las que se realizaron las operaciones.
Asimismo, sostuvo que, de haberse llevado a cabo una investigación más exhaustiva, podría haberse demostrado que la cuenta del acusado había sido hackeada y que el verdadero responsable de los movimientos era un tercero.
La Fiscalía solicita una pena principal de tres años de prisión por un delito de estafa en calidad de cooperador necesario.
De forma alternativa, interesa la condena por un delito de blanqueo de capitales, con una pena de dos años de prisión, una multa de 600 euros y la obligación de indemnizar a BBVA con los 2.990 euros correspondientes a la cantidad defraudada.
El magistrado ha dejado el procedimiento visto para sentencia.
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