El magistrado titular de la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha ordenado la puesta en busca y captura de dos inmigrantes residentes en el CETI tras no comparecer a la audiencia preliminar en la que están investigados por un presunto delito de agresión sexual.
La vista estaba señalada para este martes, si bien ninguno de los dos acusados acudió pese a haber sido citados en forma. Ante esta situación, la representante del Ministerio Fiscal solicitó la adopción de la medida para garantizar la celebración de la comparecencia judicial.
La decisión judicial responde a la necesidad de asegurar la presencia de los investigados en el procedimiento y evitar una posible dilación en la tramitación de la causa.
Según el relato de la Fiscalía, los hechos se remontan a las 22:00 horas del 27 de septiembre del año pasado, cuando los acusados, actuando de común acuerdo, se aproximaron a la víctima en el Paseo de la Marina y se sentaron junto a ella en un banco.
En ese contexto, y presuntamente guiados por el ánimo de atentar contra la libertad sexual de la mujer, introdujeron una mano por debajo de su vestido, palpando sus partes íntimas, lo que provocó que la víctima se sintiera violentada y humillada por unos hechos no consentidos.
Tras el ofrecimiento de acciones, la perjudicada manifestó que no reclama por los daños morales sufridos. No obstante, mediante auto de 28 de septiembre de 2025, el juzgado impuso a los acusados la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante la tramitación del procedimiento.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los acusados una pena de cuatro años de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales.
Asimismo, interesa la imposición de una medida de libertad vigilada durante cinco años, que incluye la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, la limitación para desempeñar determinadas actividades que puedan facilitar la comisión de delitos similares y la obligación de participar en programas de educación sexual.
Igualmente, se solicita la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo con menores por un periodo superior en cinco años al de la pena de prisión, así como la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 100 metros y de comunicarse con ella durante un plazo ampliado.
Por último, y conforme a lo establecido en el Código Penal, la Fiscalía plantea la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, con la correspondiente prohibición de entrada en España durante un periodo de cinco años.
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