La Ciudad Autónoma mantendrá durante toda esta semana y parte de la próxima en periodo de consulta pública su intención de elaborar y aprobar una Ordenanza de administración
electrónica. El objetivo del trámite, que permanecerá abierto durante diez días hábiles, es recoger “aportaciones, opiniones, sugerencias o argumentos” de la ciudadanía.
A diferencia de ocasiones anteriores, como con el Reglamento de Medidas Urgentes sobre Disciplina
Urbanística o el de Alojamiento Alternativo, en esta ocasión el Gobierno de la Ciudad no ha lanzado la consulta pública con un texto de propuesta de partida, ni siquiera una exposición de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos o posibles soluciones alternativas regulatorias o no.
Sin planteamiento de partida, los sujetos y “organizaciones más representativas potencialmente afectados por la aprobación de la Ordenanza” podrán presentar opiniones y sugerencias a través del Registro ubicado en la sede electrónica de la Ciudad de Ceuta (sede.ceuta.es) usando el trámite ‘Solicitud genérica al Área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información’.
El impacto de las últimas leyes de procedimiento y régimen jurídico en la Administración, especialmente la primera, obliga a adaptar a las mismas las Ordenanzas y Reglamentos locales en materia de administración electrónica. Desde el punto de vista de la Administración, ante todo debe implantar los mecanismos para hacer efectivos los derechos de las personas, el más importante “elegir el cauce” a través del cual se relacionan con ella.
Las claves
Trámite. Consulta pública. La legislación establece que, “con carácter previo” a la elaboración de un proyecto o anteproyecto debe sustanciarse una consulta pública a través del portal web de la Administración competente para “recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados” acerca de los problemas que se pretenden solucionar; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma; y las posibles soluciones alternativas regulatorias o no.
“Adaptación”. La nueva Ordenanza vendrá a regular “las condiciones y los efectos jurídicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre la Ciudad y el resto del sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos”.