La empresa Makerel Medioambiental ha solicitado a la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Gobierno de Ceuta una declaración de utilidad pública sobre un proyecto para poner en funcionamiento un complejo de tratamiento, gestión y reutilización o valorización de todo tipo de residuos en Piniers con entre 150.000 y 200.000 metros cuadrados de superficie.
Fuentes de la compañía han explicado que “por ley, una planta de esas características debe ubicarse en terrenos no urbanizables” como los que utiliza en García Aldave desde hace más de quince años para la recepción, clasificación y reciclaje de inertes como los desechos de construcción y demolición.
Las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que entró en vigor a finales de enero establece que “en la categoría del suelo no urbanizable son autorizables las construcciones e instalaciones que puedan ser consideradas de interés público y deban emplazarse en el medio rural”.
Entre las actuaciones de interés público susceptibles de ser tipificadas como tales están las de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística en las que concurran requisitos como estar dedicadas a “la reutilización de residuos”.
Makerel Medioambiental empezó a trabajar en este proyecto tras constatar, después del cierre durante más de dos años de la frontera del Tarajal por la pandemia de la enfermedad del coronavirus, el “colapso” de la planta de transferencia del Hacho, ya que los residuos que terminaban irregularmente en Marruecos dejaron de filtrarse al país vecino.
Su propuesta persigue poner en marcha un complejo de gestión “integral” de “todo tipo de residuos” para “gestionar, tratar y reutilizar en Ceuta aquellos con los que sea posible hacerlo y clasificar el resto para derivarlos a plantas de tratamiento especializadas al otro lado del Estrecho”.
A la espera de que la Ciudad actualice su Plan Integrado de Gestión de Residuos, que caducó en 2022, el proyecto se alinea “con la normativa vigente y la que está elaborando la Unión Europea, que prima su reciclado y valorización. En ese marco, el empaquetado y traslado sin más a la península de más de 45.000 toneladas de residuos sólidos urbanos al año está “obsoleto”.
Esa cantidad se multiplica por seis si se consideran también los de construcción y demolición y lo que ya se intenta recoger por separado a través de contenedores diferenciados: papel, cartón, vidrio, envases de plástico...
Uno de los principios en los que se apoya el proyecto del complejo de Piniers es, según los técnicos de Makerel, el modelo de producción y consumo de la economía circular, que implica “compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido”. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.
En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible gracias al reciclaje. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional.
De hecho, el Plan Integrado 2016-2022 ya contemplaba que “el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos ha de centrarse en la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras formas de valorización”.
“La iniciativa del complejo de Piniers persigue también ayudar a la ciudadanía, que actualmente no tiene muy claro dónde y cómo debe deshacerse de los residuos en función de si se trata de restos de construcción, electrodomésticos, etcétera. El complejo daría una respuesta integral y permitiría avanzar en su recogida selectiva”, argumentan desde la sociedad promotora de la iniciativa.
El Gobierno de la Ciudad arrancó esta legislatura con el compromiso de impulsar “el proyecto para el traslado y sustitución de la actual planta para el tratamiento de residuos por otra en la que la mayor parte de dichos residuos sea objeto de reciclaje y reutilización” con la perspectiva de, además de ganar en sostenibilidad ambiental, generar actividad económica y empleo.
El Ejecutivo local ha descartado promover un proyecto público a tal efecto y a finales de marzo aprobó un gasto plurianual de 28,2 millones de euros para licitar la transferencia de residuos a la península hasta finales de 2028.
Las actuaciones de interés público requieren la tramitación de una licencia o autorización de planeamiento, gestión o ejecución según el uso y las obras necesarias para su implantación. En todo caso, de acuerdo con la normativa del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se exige una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas por la normativa vigente, sea urbanística o de otro tipo, de las razones por las que debe emplazarse en suelo no urbanizable y de que los terrenos presentan una configuración adecuada a su finalidad.
Una vez declarada de utilidad pública y si la ordenación urbanística otorga la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción u obras, el propietario puede materializarlos en las condiciones que se determinen. Esos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, “no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización”. La autorización tendrá vigencia en tanto se mantenga el uso autorizado.
El proyecto debe asegurar la preservación de la naturaleza del suelo “y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos”, así como “adoptar las medidas que sean precisas para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes”.
Pacto Verde. La Comisión Europea ha adoptado recientemente un nuevo Plan de Acción sobre la Economía Circular, que constituye uno de los principales elementos incluidos en el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), el nuevo programa de Europa para el crecimiento sostenible. Entre sus pilares están la prevención, el diseño ecológico y la reutilización.
"Obsoleto". Aunque la Ciudad prevé dedicar otros cerca de 30 millones de euros a sufragar el funcionamiento de la planta de transferencia del Hacho durante los próximos cinco años, el modelo de gestión basado en el traslado de todos los residuos al otro lado del Estrecho se considera “obsoleto” y se pretende empezar a sustituir o al menos complementar con otro que prime la reutilización y el reciclaje siempre que sea posible y, si no, la clasificación con recogida selectiva.
Declaración de utilidad pública. Según los promotores de la iniciativa un complejo como el que plantean debe ubicarse en terrenos no urbanizables como los que posee Makerel Medioambiental en Piniers, donde gestiona el vertedero de inertes desde hace algo más de 15 años. La declaración de utilidad pública del proyecto permitiría impulsar su puesta en funcionamiento sobre una superficie de entre 150.000 y 200.000 metros cuadrados.
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