El peso de las mochilas y los comedores, en el punto de mira de las familias

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta va a poner en marcha dos campañas en la ciudad sobre el peso de las mochilas que cada día cargan los escolares desde pequeños para llevar y traer sus libros y el resto del material a clase y para que los comedores escolares proporcionen a sus usuarios “dietas saludables”.

La primera, auspiciada por CEAPA a nivel nacional bajo el lema ‘Aligera mi mochila’, busca “denunciar el excesivo peso que cargan los escolares en su mochila y sus efectos sobre la espalda” de la mano del Colegio Oficial de Médicos.

Según ha destacado Mohamed, se trata de “una carga provocada, en parte, por la cantidad de deberes que se llevan a casa, algo que no es sinónimo de éxito educativo sino más bien de todo lo contrario: generan malestar, cansancio, son una técnica obsoleta y, sobre todo, crean desigualdad entre el alumnado, que no dispone de igualdad de condiciones en sus hogares, en función del nivel socioeconómico y cultural de su entorno, para realizarlos”.

En mayo, investigadores de la Universidad de Granada (UGR) de Ceuta (Eva Orantes y José María Heredia) y de la Liverpool John Moores University (Reino Unido) determinaron por primera vez cuál es el peso máximo que un niño debe transportar en un carro con ruedas para ir al colegio: un máximo del 20 por ciento de su peso corporal.

Como conclusión general dictaminaron que los escolares que utilizan mochilas deben evitar cargas superiores al 10% de su peso corporal y que, al utilizar el carro, se debe no exceder un peso superior al 20% del peso corporal del niño.

La segunda persigue “impulsar entornos escolares saludables y seguros” a través de una proposición no de ley conjunta con otros colectivos como la Asociación Española de Pediatría.

En palabras del presidente de la FAMPA, “los comedores deben ser eso y no comederos, por lo que vamos a estudiar los menús que se ofrecen en los centros que disponen de ese servicio para que se tenga precaución con el uso de fritos y se fomenten dietas y alimentos saludables al alumnado”.

La FAMPA se plantea una demanda colectiva contra las editoriales de libros de texto

La FAMPA de Ceuta también tiene en sus planes contactar con los servicios jurídicos de su homóloga de la Comunidad de Madrid para explorar la posibilidad de sumarse o presentar su propia demanda colectiva contra las editoriales de libros de texto a la vista de la “inacción” de la Administración cuando “imponen los precios de los materiales sin mucho más control, siendo las familias las más perjudicadas porque son ellas las que tienen que asumir el coste de forma mayoritaria”.

El presidente de la FAMPA ceutí, Mustafa Mohamed, ha recordado que “en Ceuta llevamos muchos años trabajando por la gratuidad de los libros de texto y buscando alternativas para abaratar el acceso a la Educación”.

El “negocio” de los libros de texto obliga a las familias, según Mohamed, a “un desembolso económico importante en el inicio del curso porque los libros siguen siendo un elemento imprescindible para el desarrollo de nuestro sistema educativo en la gran mayoría de los centros”.

Los materiales de Infantil cuestan una media de 226 euros por estudiante y el de los de Bachillerato se dispara hasta los 290 euros por alumno.

Actualmente la gratuidad para todo el alumnado en enseñanza obligatoria a través de un modelo de préstamo y reutilización se extiende a Andalucía, Murcia, Navarra y La Rioja.

Los editores de libros de texto han denunciado este principio de curso que en España la edición escolar está “fuertemente condicionada” por el hecho de que las distintas Comunidades Autónomas tienen transferidas la mayoría de las competencias educativas y porque la educación “se imparte en las cinco lenguas cooficiales, a las que hay que añadir el inglés, que se ha convertido en la segunda lengua con más títulos publicados después del castellano”.

Según sus propias estimaciones, el periodo de vida útil de los libros de texto en la ciudad se extiende a cuatro años, exactamente igual que en el resto del país salvo en Extremadura y Galicia (6) y en Baleares y Navarra (5).