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Alega que su perro potencialmente peligroso se escapó: más de 3.000 euros de multa

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta ha incoado un expediente sancionador de 3.456,48 euros contra el propietario de un perro potencialmente peligroso hallado por la Policía Local en la carretera de San Amaro, suelto sin persona que lo acompañase, y cuyo dueño alegó que se le había escapado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio del procedimiento de incoación de expediente sancionador por infracción en materia de sanidad animal ya que no se ha podido practicar la notificación.

El infractor podrá reconocer su responsabilidad siendo reducido el importe de la sanción en un 20 por ciento del mínimo a imponer, es decir, 1.201,60 euros. Para ello, deberá presentar la documentación vía sede electrónica admitiendo su responsabilidad y renunciando a la posibilidad de presentar alegaciones o interponer cualquier recurso. Todo ello en el pleno de 15 días a partir del día siguiente al de la notificación en el BOE –hoy lunes 7 de agosto–.

En aplicación de la normativa vigente, Sanidad mantiene abierto el procedimiento para multar al propietario con 3.456,48 euros por, enumera en el BOE, la tenencia de un can potencialmente peligro sin licencia, suelto y sin vacunación de la rabia.

La Guardia Civil denuncia al dueño de un Malinoise sin vacunar

Las infracciones en materia de sanidad animal son una constante de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil ha emitido otra denuncia contra el dueño de un animal de raza Malinoise sin vacuna frente a la rabia.

De acuerdo con el informe veterinario, la Consejería de Sanidad concluyó la necesidad de incoar un expediente sancionador por incumplimiento del articulado del Reglamento para la tenencia, protección y bienestar de animales de compañía de Ceuta.

La multa, en el caso relativo al perro Malinoise, asciende a 751 euros aunque se puede rebajar hasta 600,80 euros si se presenta la documentación correspondiente reconociendo la responsabilidad de los hechos y renunciando a la posibilidad de presentar alegaciones o interponer cualquier recurso en un plazo de 15 días a partir del siguiente a su publicación en el BOE –también hoy lunes 7 de agosto–

 

 

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