La Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta ha puesto orden en las becas universitarias para el curso 2025-2026 por duplicidad o 'doble cobro'.
La consejera Pilar Orozco ha formalizado la resolución de un proceso administrativo complejo que afectaba a numerosos estudiantes universitarios de la ciudad autónoma para el curso 2025-2026.
El foco de este procedimiento ha sido la detección de duplicidades o 'doble cobro' en las solicitudes, una situación que surge cuando un alumno intenta beneficiarse simultáneamente de los fondos locales y de las becas estatales.
La normativa que regula estas becas es estricta respecto a la concurrencia de becas. Según las bases reguladoras publicadas en diciembre de 2025, los estudiantes tienen la obligación legal de comunicar a la administración local si han obtenido cualquier otra beca para la misma finalidad
Específicamente, la base decimoquinta establece que disfrutar de dos becas al estudio a la vez es causa directa de pérdida de la beca, sin importar si la otra entidad otorgante es pública o privada, nacional o internacional.
Ante la detección de múltiples casos en los que se había solicitado tanto la ayuda de la Ciudad de Ceuta como la del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Consejería inició de oficio un expediente el pasado 19 de marzo de 2026.
El objetivo era simple: obligar a los estudiantes a elegir una de las dos opciones para evitar el uso indebido de fondos públicos.
Para garantizar los derechos de los jóvenes ceutíes, la administración abrió un periodo de audiencia de quince días hábiles, que se extendió desde el 1 de abril hasta el 23 del mismo mes.
Durante estas tres semanas, los afectados tuvieron la oportunidad de presentar documentación y manifestar su elección. La resolución final, firmada digitalmente el 11 de mayo de 2026, clasifica ahora a los solicitantes en tres grupos bien diferenciados según su respuesta (o falta de ella) durante este proceso.
El decreto detalla el destino de cada expediente a través de tres anexos específicos:
A pesar de que esta resolución agota la vía administrativa, los estudiantes que consideren vulnerados sus derechos aún disponen de mecanismos legales para actuar.
Según lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, los interesados pueden interponer un recurso potestativo de reposición ante la misma Consejería en el plazo de un mes. Alternativamente, existe la opción de acudir directamente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, para lo cual disponen de un plazo de dos meses a contar desde la publicación del decreto.
Esta resolución no solo cierra un ciclo administrativo para el curso 2025/2026, sino que refuerza el mensaje de control y eficiencia en la gestión de las políticas educativas de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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