Penas no superiores a dos años para los sobrinos del ‘sultán del chocolate’

La Audiencia Nacional ha fijado penas no superiores a los dos años de cárcel para los sobrinos del conocido como ‘sultán del chocolate’ (tal y como bautizó el diario ‘El País’ a Abdelhuajed Mizzian), detenidos en una operación llevada a cabo en mayo de 2009 en distintos puntos del sur peninsular y Ceuta. Para el considerado como cabecilla de la organización, H.A.M., se ha acordado una pena de dos años de prisión, mientras que para el resto de implicados las penas han oscilado entre el año y el año y 9 meses, tal y como informaron fuentes judiciales a ‘El Faro’.

Con este acuerdo, alcanzado en la mañana de ayer, se echa el cierre judicial a un operativo que cobró importancia debido a que entre los detenidos figuraban, también, dos agentes de la Guardia Civil destinados en Barbate, que también han sido condenados. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil detuvieron a un total de 19 personas a las que consideraron integrantes de una importante red de tráfico de hachís, que introducían en la península a través de las costas de Barbate (Cádiz). Entre los considerados jefes de la organización estaban los sobrinos del ‘sultán del chocolate’ además de dos guardias civiles del cuartel de Barbate que colaboraban con la banda “haciendo la vista gorda” y que eran considerados piezas clave del entramado.

Investigaciones en 2009

La investigación, realizada por la Brigada Central de Estupefacientes y el Grupo Especial de Respuesta al Crimen Organizado (Greco), junto con la Guardia Civil, se inició tras decomisar 2.000 kilos de hachís en Barbate en junio de 2009. Tras aquel decomiso se inició un operativo en el que se cruzaron datos de las distintas comisarías, entre ellas la de Ceuta a través de la UDYCO. Las redadas se desarrollaron de forma conjunta en Cádiz y Huelva, además de Ceuta, procediéndose al arresto de los dirigentes de la red, de los guardias civiles y de los considerados alijadores o descargadores además de los que se encargaban de avisar a los compañeros de la presencia de fuerzas de seguridad (los que daban ‘el agua’).
El acuerdo judicial alcanzado ha supuesto una reducción importante de las penas que inicialmente solicitara el Ministerio Fiscal incluidas en el escrito de calificación del que se hizo eco ‘El Faro’ en su edición del pasado 4 de marzo. Para el Ministerio Fiscal los detenidos formaban parte de una “organización dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís en las costas de la provincia de Cádiz”. En esa red había personas que se encargaban de “buscar a quienes participaran en la facilitación del desembarco y ulterior ocultación de la droga”.
Los dos guardias civiles, según el Fiscal, “aprovechando que desempeñaban funciones de vigilancia en las playas avisarían a los miembros de la organización acerca de la existencia de otras patrullas o de que la situación estaba despejada para poder realizar los alijos a cambio de la entrega de determinadas cantidades de dinero”. Según el Ministerio Público, “al menos en dos ocasiones provocaron el cambio de turno para coincidir ambos en el mismo servicio”. En la fecha de la detención se produjo el alijo de más de una tonelada de hachís en Caños de Meca, deteniéndose in situ al gomero y a su vez mecánico de la embarcación en la que se había trasladado la droga. Un mes después se llevaría a cabo el decomiso de varios bienes entre ellos vehículos, dinero en metálico, joyas y teléfonos móviles. A uno de los detenidos se le halló además una pistola. En el registro de una vivienda de Puerto Banús se encontraron fotografías de varias embarcaciones además de una máquina contadora de billetes, documentación y hasta 29 terminales de teléfono.
El Ministerio Fiscal pedía inicialmente penas de hasta 6 años de cárcel.

Apuntes

Audiencia Nacional
A través del juzgado número 1 ha sido el órgano competente para juzgar estos hechos con los que se desarticuló una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. El acuerdo alcanzado ayer cierra el asunto policial en el que colaboraron ambos cuerpos.

Hechos noticiosos
Del operativo dieron cuenta los medios locales pero también los nacionales, debido a la importancia de los hechos y al despliegue que llevaron a cabo los integrantes de las fuerzas de seguridad que actuaron.

Guardia Civil
La implicación de dos agentes destinados en el cuartel de Barbate salpicó a un Instituto Armado que cierra un año con la detención de varios agentes vinculados, en el sur peninsular, con operaciones policiales de este tipo.

Pieza fiscal
Fue la que se abrió a posteriori para investigar el patrimonio de los detenidos o de sus socios. Esta pieza se llevó a cabo este mismo año y forma parte de la solicitud de investigación de capitales.

Los narcos y la ley

En la operación ahora enjuiciada por la Audiencia Nacional se procedió a la detención de dos agentes de la Guardia Civil. Este hecho ha sido de todo menos anecdótico. En los últimos dos años, se ha dado la circunstancia de que en los operativos antidroga se ha procedido al arresto de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
El caso más sangrante ha sido el que tuvo lugar en Málaga, en donde fue detenido el máximo responsable del equipo contra la delincuencia organizada y antidroga (EDOA) de la zona. Además en sólo 15 meses fueron detenidos en la provincia 14 guardia civiles relacionados, presuntamente, con el tráfico de drogas, la asociación ilícita, blanqueo de capitales y omisión del deber de perseguir delitos.
Ayer noche Málaga volvía a cobrar protagonismo por los narcóticos al conocerse que habían entrado en el búnker que sirve como depósito de droga para desvalijarlo llevándose en un camión gran cantidad de hachís allí almacenado que es producto de las distintas operaciones antidroga.
Ahí no quedó la cosa: Barbate, Huelva, Isla Cristina... son algunos de los escenarios de detenciones de agentes del Instituto Armado por su presunta relación con operativos que han tenido que ver con Ceuta. En el caso de agentes de la Policía Nacional ha sucedido tres cuartos de lo mismo. Fuentes de ambos cuerpos insisten en que se produce un especial interés en la detención de estos agentes, ya que si se presume su implicación en organizaciones de tráfico de estupefacientes suponen un auténtico obstáculo para avanzar en el desarrollo de más operaciones.
Que haya implicados agentes no es sólo negativo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, es incluso negativo para que las operaciones realizadas tengan su oportuna condena judicial. Hay operaciones antidroga bien encauzadas cuyos imputados se han ido ‘de rositas’ debido a que los guardias o policías que les detuvieron han estado implicados en otros procesos judiciales. ¿Cómo hacer valer sus operaciones ante el juez? Cualquier abogado de peso las tumbaría. Así que cualquier atisbo de irregularidad puede terminar hundiendo una operación de meses. Al margen de estas valoraciones, el hecho es que las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes intentan captar para sus redes a funcionarios que se supone que están para perseguir los delitos.
Los cabecillas de las organizaciones buscan tener los contactos seguros para poder llevar a cabo salidas de droga sin problemas. El círculo de acción supera Ceuta, ya que las grandes operaciones se están centrando en el triángulo Marruecos (como productor del 90% del hachís que se introduce en Europa)-Ceuta (como punto de enlace)-y el sur peninsular.
El intercambio de informaciones entre las comisarías de estos puntos está detrás de los resultados obtenidos en el Estrecho, como auténtico trampolín para el tráfico de estupefacientes a gran escala.

La investigación patrimonial sigue otra vía

Al margen del acuerdo judicial alcanzado ayer se encuentra el operativo que fue desarrollado en Ceuta el pasado marzo, y que contó con la participación de agentes de la Guardia Civil llegados de la península. En aquel operativo se procedió a la detención de cinco personas por su presunta relación con un delito de blanqueo de capitales, realizándose la entrada y registro en varias viviendas de Hadú y del centro, con mandamiento judicial del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de Madrid. A las pocas horas los detenidos eran puestos en libertad sin que llegaran a prestar declaración. Esta actuación está directamente relacionada con la operación ayer juzgada, en la que resultaron detenidas 19 personas, acusadas de un delito contra la salud pública.
Las detenciones de este año obedecían a la investigación paralela que ha ordenado llevar a cabo la Audiencia Nacional para investigar un delito de blanqueo de capitales a raíz de esa operación policial desarrollada en 2009 por tráfico de drogas. A finales del pasado año la propia Audiencia dio orden de iniciar la investigación para esclarecer el origen del patrimonio de los detenidos incoándose así un proceso paralelo por un presunto blanqueo de capitales. Esta orden de la Audiencia se ha seguido en otros casos que se han saldado con decomisos importantes de hachís, solicitando a las fuerzas de seguridad que investiguen el patrimonio de los detenidos mientras se sigue en el juzgado las piezas delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. De esta manera se intenta evitar que, dictadas las condenas, se dé uso a ese patrimonio obtenido ilícitamente. La Benemérita, contando puso en marcha aquella operación, como de igual manera se desarrolló en Cádiz con los detenidos allí. Esos datos forman parte de la investigación patrimonial y económica ordenada por la Audiencia Nacional y con la que se quiere esclarecer el origen de los bienes registrados a nombre de los detenidos.