El mismo Gobierno ha reconocido que hay “importantes motivos” para plantear y acometer el cambio de categoría de la prisión de Fuerte Mendizábal, argumentando que la clasificación de la nueva cárcel no se corresponde a su estructura y complejidad, sino que continúa con la misma categoría del anterior centro penitenciario.
Esa fue la respuesta que obtuvieron los senadores Guillermo Martínez y Fatima Mohamed del Ejecutivo, después de atender las demandas de la plataforma sindical que desde el año pasado está reivindicando una clasificación justa para la cárcel ceutí.
“Desde UGT prisiones valoramos positivamente la iniciativa que ha servido para que el Gobierno reconozca que el nuevo Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal está funcionando con una categoría que no es acorde a la que le corresponde legalmente por estructura y complejidad”, apostilla Mohamed Haidor, representante de este sindicato en la prisión y quien confía en que este cambio se pueda efectuar antes de que termine la legislatura.
La situación política actual, asegura Haidor, no debería de frenar esta disposición, pese a que esta misma semana se disolvieran las Cortes. Opina que si han “voluntad política”, se puede hacer aún con esta legislatura en funciones. Ante este panorama político, ofrecen la posibilidad de que el cambio de clasificación se haga mediante un Real Decreto.
“Abogamos por la opción de que el gobierno, aunque esté en funciones, resuelva esta situación, que él mismo viene casi a calificar de anómala o no ajustada a las circunstancias actuales. No necesita de una aprobación parlamentaria, es una decisión de índole administrativa”, insisten desde el sindicato, ya que con esta modificación, se vendría a solventar una demanda que se arrastra desde la inauguración de Fuerte Mendizábal el pasado año.
Una vez instalados, comenzó una lucha en el interior de la prisión para que la clasificación del centro, después de la importante inversión y modernización de la cárcel ceutí, y que tras más de un año, no se ha corregido. Esta respuesta del Ejecutivo viene a confirmar que sus protestas no eran en vano. “Lo que queda claro es que la clasificación del centro penitenciario de Ceuta parte de un planteamiento erróneo del Gobierno, como él mismo viene a decir en su respuesta a la interpelación de los senadores”.
Una vez reconocido, desde los sindicatos tienen claro de que no hay más opción que corregir la categoría y pasarla de 2.2. insular a 1.1., lo que supondría unas diferencias retributivas para el personal en su complemento específico que pueden superar los 3.000 euros al año. En caso de no hacerlo, y tras confirmar que estaban acertados, “nos va a reforzar aún más en nuestras reclamaciones, si el Gobierno no lo acomete ya de oficio”, advierten desde esta plataforma sindical.