La patronal de la limpieza pública judicializa su municipalización

La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales contra el acuerdo del Pleno que, el pasado 7 de marzo, aprobó definitivamente la asunción por parte de la Ciudad de la gestión directa del servicio que durante los últimos once años ha venido prestando Trace de forma externalizada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta lo ha admitido a trámite y ha acordado tramitarlo por el procedimiento ordinario, para lo que ha pedido a la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos que le remita el expediente completo.

Aselip ya judicializó sin éxito en 2020 la municipalización de la recogida de basuras en Málaga. A finales de 2021 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la ciudad andaluza desestimó su recurso, que se basaba en que el cambio de modelo de gestión no cumplía “los requisitos de sostenibilidad y eficiencia”.

La sentencia concluyó que el expediente no tenía por objeto “municipalizar” un servicio público respecto del que hay una reserva legal, sino concretar “la forma de gestión” del mismo. “Al haberse producido una remunicipalización no puede entenderse que se haya fijado un monopolio”, añadió.

Igualmente descartó las supuestas “carencias y errores cuantitativos” que se atribuían a los informes técnicos elaborados para justificar las bondades de la gestión directa. “Existen estudios económicos que ponen de manifiesto cuál es el coste del servicio y estimaciones sobre el porcentaje de cobertura de ingresos con respecto a los mismos”, completó.

Municipalización en Ceuta

La remunicipalización de la limpieza pública en Ceuta se ha basado en trabajos que concretaron que la constitución de una nueva sociedad mercantil local de carácter unipersonal era la fórmula “más adecuada” para “cumplir con los objetivos de garantizar la sostenibilidad de dicho servicio, mejorar su calidad, mantener el empleo y respetar los derechos de los trabajadores”.

La memoria estipuló que la gestión directa supondrá “agilizar y flexibilizar, en relación con la situación actual y de estos últimos años, la toma de decisiones precisa para, por un lado, atender las contingencias que surjan y, por otro, adecuar los medios a las necesidades y objetivos de cada momento, sin tener que cumplir con los requisitos y formalidades que contempla la normativa vinculante para la revisión o modificación de los contratos suscritos por la Administración”.

Además de “facilitar la complementariedad para, en beneficio de la calidad de los servicios, reforzar medios y prestaciones mediante la utilización de otros recursos propios de la Ciudad o concertados por esta” como las Brigadas Verdes, Tragsa u Obimace, la gestión desde Servilimpce reportará “ventajas comparativas” en términos de “agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones”.

También “una mayor transparencia en cuanto a la contratación de personal” y “la limitación de las subidas salariales a lo que al respecto se establezca en las leyes de Presupuestos Generales del Estado”.

En términos estrictamente económicos los autores de la memoria creen que la Ciudad podrá ahorrar algo más de 300.000 euros cada año en comparación con lo que dedica actualmente a la gestión externalizada a pesar de perder las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.