El titular de Fomento del Ejecutivo de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha llevado este viernes a la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno la actualización del Inventario de bienes de la Ciudad con las actualizaciones del ejercicio 2022.
Durante el ejercicio pasado se ajustaron altas por importe de 23 millones y bajas por 3,2, con lo que el patrimonio municipal aumentó en 19,8, hasta un total de 488 millones de euros.
El portavoz gubernamental, Alberto Gaitán, ha detallado en rueda de prensa que el mayor aumento se ha dado en el apartado de inmuebles (por 14,7 millones), así como en bienes afectos a servicios públicos (6,5), en concesiones (2,8) o en vehículos (472.000 euros).
El Inventario de bienes es un instrumento de garantía del patrimonio municipal que ha de servir para su conservación y defensa y para facilitar, al mismo tiempo, el ejercicio de las distintas potestades administrativas sobre los bienes de la Ciudad.
Ha de reflejar la realidad patrimonial de la Ciudad, la situación jurídica en la que se encuentran sus bienes, las limitaciones que les afectan, su destino al uso o servicio público, su disponibilidad para la obtención de rendimientos, etcétera.
Esta información ha de mantenerse actualizada, pues sirve “como garantía de una gestión eficiente de los bienes, y permite decidir sobre los usos que deben darse a los mismos, sobre las posibilidades de obtención de mayores rendimientos y sobre la mejor forma de servir al interés general”.
Por otro lado, la titular de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, ha compartido con el presidente y el resto de consejeros el informe de fiscalización que ha aprobado el Tribunal de Cuentas “sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según Gaitán, “las comunidades y ciudades autónomas han puesto en marcha medidas de diversa naturaleza para cumplir con los compromisos adquiridos, entre ellas la adaptación de los principales instrumentos de gestión, el refuerzo de lucha contra el fraude y un sistema de codificación específica para el seguimiento de los fondos vinculados al Plan”.
El órgano de fiscalización también ha sugerido que habría que introducir mejoras en la planificación de la cobertura de necesidades de personal o en la información publicada al respecto.
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