“Lo lógico es no aceptar un
Plan Integral de Orientación Laboral que fue aprobado un día antes de la moción de censura”. De esta forma, la asociación profesional de militares ‘45 sin despidos’ marca una posición clara en relación al nuevo programa anunciado por el Ministerio de Defensa para dar una salida profesional a todos los
soldados de tropa y marinería que son obligados a dejar las Fuerzas Armadas a los 45 años. Esta plataforma cataloga de “parche” todas estas alternativas que va sacando Defensa para una situación que consideran completamente “discriminatoria” ya que inciden en que un soldado de 45 años sigue siendo una persona totalmente válida para ejercer su profesión, además de estar formada y cualificada para continuar con las tareas que las Fuerzas Armadas requieren.
“El PIOL es la marca blanca del SAPROMIL”, acusa el presidente de la plataforma ‘45 sin despidos’, Jenner López Escudero, opinando que la solución para todos estos profesionales, que son obligados a dejar las filas del Ejército y salen a un mercado laboral civil con una de las peores edades según el mismo Ministerio del Trabajo reconoce, no es “las plazas en la Policía Local” o en cualquier otro cuerpo, sino que hay otras muchas opciones dentro de las Fuerzas Armadas que no se están contemplando. “Este personal se está formando para que lo echen”, recuerda López Escudero.
Una de las propuestas por las que aboga esta plataforma es la segunda actividad, una fórmula que se adopta en muchos países y que no se tiene contemplada en España. En el mismo Ejército de Tierra se pude pasar de especialidades operativas a técnicas, ya que la formación que se da en la Fuerzas Armadas capacita al personal para ello. Sin embargo, esta plataforma lamenta que Defensa prefiere dejar ir a este personal con experiencia y externalizar una gran cantidad de servicios que se adjudican a las empresas privadas, mientras que su personal se va sin ninguna salida profesional, pudiendo hacer ese trabajo. “Esa es la gran lacra de las Fuerzas Armadas”, critica el presidente de ‘45 sin despidos’, quien no entiende cómo se prefiere pagar a empresas privadas por servicios que pueden hacer los mismos soldados. “La segunda actividad es una opción mucho más barata”, insisten. Pone ejemplos más locales, como es el caso de Benzú, donde la vigilancia se contrata en parte a una empresa privada, en vez de encargarla a los militares, cuando en la Constitución española reza que serán las Fuerzas Armadas las que velen por la seguridad de nuestras fronteras.
"No se puede discriminar por edad y a nosotros se nos ha puesto caducidad”
Pero para lograr todo ello, López Escudero asevera que lo primero que hay que cambiar es la actual ley que obliga al personal de tropa y marinería abandonar el Ejército a los 45 años, dando la opción de poder irse de manera voluntaria o bien quedarse en otras funciones. Para ello, inciden, al igual que otras asociaciones profesionales, en un ley de la carrera militar única, que contemple todas las escalas y que defina con claridad el papel de los soldados una vez que llegan a determinada edad.
Sin embargo, además de la “lacra” que está suponiendo la privatización de servicios en las Fuerzas Armadas, ‘45 sin despidos’ también señala a la cúpula militar de no querer salir del sistema establecido. “No quieren acabar con el cortijo”, responsabilizándolos del sistema que aún se mantiene y dejando a los soldados sin más opción que dejar el Ejército sin una opción de futuro “porque no se la dan”. Esta plataforma alerta de que si no se hace nada, en 2035 “52.000 familias se van a quedar sin nada, sin sustento”, ya que serán todos los militares que se verán obligados a abandonar las filas del Ejército y lamenta que el actual Gobierno, en sus 370 medidas, no contemple “ni una sola para las Fuerzas Armadas”.
Desde el plano constitucional, laboralmente hablando, López Escudero expone que en el Ejército es el único ente público donde se concatena contrato tras contrato sin lograr ser indefinidos. Asimismo, incide en la discriminación por edad, pese a estar recogido, también en la Constitución española en su artículo 14, que la edad no puede ser motivo de discriminación, al igual que la raza, sexo, religión u otra circunstancia o condición social. “En cambio a nosotros nos han puesto una fecha de caducidad”.