El consejero de Fomento, Néstor García, explicó que se reflexionará para encontrar una solución global para todas las áreas municipales. Se intentará que al final el trabajo lo puedan hacer los funcionarios.
El Gobierno ha paralizado la externalización que pretendía la Consejería de Fomento para la actualización de las ordenanzas de este área y también conllevaba la preparación de todo el proceso informático para la entrada en vigor el próximo mes de octubre de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo que obliga a la desaparición de la práctica de la utilización del papel en las tramitaciones administrativas.
El consejero de Fomento, Néstor García León, a preguntas de los medios de comunicación significó que el Gobierno había decidido aparcar, por el momento, esa continuación de la licitación del concurso que pretendía la Consejería de Fomento y que había sido aprobado en una reunión del Consejo de Gobierno. Ahora, la decisión que se ha adoptado es realizar una reflexión generalizada para no solamente Fomento, sino para el conjunto de todas las áreas municipales, para ver si es posible realizar este trabajo con el personal adscrito a la Ciudad sin tener que externalizar con la contratación de una consultora privada.
De esta manera, se verá si es posible, por un lado, lograr que los técnicos de las distintas Consejerías son capaces, aparte del volumen de trabajo que tienen, actualizar el conjunto de las ordenanzas que son competencia de las mismas y, por el otro, si el TSI, el órgano encargado de la informática municipal, puede ejecutar esa actualización que es necesaria con vista a la entrada en vigor de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo.
Respuesta global
Lo que se pretende, de todas maneras, es que haya una respuesta global para las necesidades generales de la Ciudad y el mismo consejero se felicitaba de que esta idea lanzada por la Consejería de Fomento iba a servir para mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno autonómico ante estos dos retos que tiene por delante.
Se le preguntó al consejero, de manera clara, que cuando dio las oportunas explicaciones para justificar la externalización indicó que los técnicos que tenía en el área de Fomento estaban saturados de trabajo. Sobre este particular quiso añadir el consejero del área que "quizás no empleé el término adecuado, la realidad es que ninguno de ellos está con los brazos cruzados y si desde luego, les encargo la actualización de las ordenanzas, entonces tendrán que bajar el ritmo en los encargos que tienen encima de su mesa". De todas maneras, aludió a que al final se decide que la solución sea en la propia casa, entonces no se podría abarcar la actualización de las doce ordenanzas que son competencia de Fomento, sino que se tendría que priorizar de alguna manera a este respecto.
Aunque no lo quiso reconocer de manera explícita, lo cierto es que se le notaba un poco contrariado porque se había frenado este proyecto que tenía entre manos, puesto que aludió a que "se trataba de una decisión bastante importante porque en el plazo de quince meses íbamos a contar con la actualización de las doce ordenanzas, pero ahora no podrá hacerse de esta manera".
Todavía el pasado martes, cuando tuvo lugar el pleno ordinario de la Asamblea, no había ninguna decisión tomada a este respecto, porque ante la protesta del secretario general del PSOE, Manuel Hernández, por lo que consideraba una privatización de los servicios municipales, la consejera de Hacienda defendió la posición de su compañero, indicando que no solamente se trataba de la actualización de las ordenanzas, sino que también se iba a procurar la modernización de todo el procedimiento informático que debe entrar en vigor pronto.
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