Papeles que agrupan vidas

La entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería es inminente: el próximo jueves. En julio echa a rodar el  nuevo Reglamento  de La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en cuyo artículo 124.3 se recoge la figura del Arraigo Familiar. Es ese punto, el que da esperanza a decenas de personas en la ciudad autónoma. Esperanza de conseguir residencia acogiéndose a la tutela de u nos hijos que tienen nacionalidad española aunque sus tutores no.
Casi 70 mujeres se inscriben en la lista que la presidenta de la Asociación Al Ambar, Habiba Abdelkader observa cómo cada día se hace más larga. En esa lista, muchos casos, todos diferentes pero similares en algo: esperan que el nuevo reglamento les haga ser legales en la ciudad en que sus hijos estudian y en el país en que les trajeron al mundo. Pero apenas se sabe más y en Extranjería esperan las Instrucciones pertinentes de la Dirección General de Inmigración, tal y como explica la responsable del área, Lidia Ruiz. Tan sólo saben que los requisitos para atenerse a ella serán que el progenitor se encuentre conviviendo en España con el menor español y el Certificado  literal de nacimiento del menor. Eso sí, el progenitor solicitante debe tener a cargo al menor y convivir con éste o estar al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo.
Y a las voces críticas que hablan de efectos llamadas y de una crisis en la que no hay trabajo para nadie, Al Ambar les habla claro: “Que se pongan las pilas y que comiencen a regularizar a todos esos centenares de mujeres y que contraten a documentadas de manera legal”, dicen. “En la península no cabe que una mujer se case con un español, tengan hijos y no tenga papeles”, denuncian. Simplemente, dicen que hay que atenerse a la Ley Orgánica I/1996 del 15 de enero de Protección Jurídica del Menor en cuyo capítulo I habla sobre las actuaciones de protección social del menor. “Hay muchos menores desprotegidos. Se les quita la tutela a los padres por malos tratos, dejadez de funciones... pero lo más sangrante es que en este caso es la administración la que obliga a esa dejadez. Los padres quieren dar una vida digna a sus hijos pero están condenados a un puñado de euros cuando tienen suerte y se ven obligados a seguir inmersos en un círculo de pobreza del que no pueden salir”, recriminan. “La sanidad y la educación es básica, pero muchos menores en esta situación no tienen vivienda por ejemplo y hay casos de verdadera desesperación de esos padres y madres que tienen su tutela”. Al Ambar quiere que la ley sea realista y dé soluciones al problema porque “al fin y al cabo de nada vale una ley que otorga residencia pero no da derecho a trabajar para dejar de depender de ayudas que les siguen condenando a malvivir”, explica Ahmed Enfedal. “Quieren que sean computables y punto pero ser dependientes no soluciona el problema”. ¿Pero qué lo soluciona? Desde la entidad, ubicada en pleno centro del Príncipe Alfonso lo saben porque conviven a diario con este tipo de situaciones: Unas tarjetas de residencia que den derecho a poder trabajar para que se desarrollen esas unidades familiares y hacer realidad la “discriminación positiva, basada siempre en la formación y en la educación de todas esas personas para que su integración sea real en la sociedad ceutí. Eso sería realmente, mediante cupos en planes, por ejemplo, terminar con estos problemas de raís y enfrentarse a la precariedad por la que pasan y a la invisibilidad a la que se les obliga a permanecer”.
Al Ambar sigue esperando los requisitos y anuncian que si alguno sigue fomentando estas situaciones de desamparo, acudirán directamente al Ministerio competente para trasladar una queja formal.
Al Ambar recuerda lo que dijeron hace meses cuando apremiaban al Estado a poner en marcha la nueva legislación: “Lo que es realmente ilegal es permitir que se mueran de hambre personas a nuestro lado por culpa de la tramitación”.

Muchas familias pendientes...

l Hace unos meses  Fatima Meseke explicaba su situación y la de sus cuatro hijos de entre 16 y dos años. Lleva casi 18 años viviendo en El Príncipe y su marido es ceutí y cumple condena por una causa pendiente hace muchos años por tráfico de drogas. Por eso no puede regularizarse y ella sola les saca adelante gracias a la ayuda solidaria de algún familiar y vecino. Como su caso, hay muchos.

Yamal Benammi

Yamal nació en Castillejos y se casó con una ceutí  de la que se separó con el tiempo y regresó a vivir a su ciudad natal. Fruto de esa relación tuvieron una hija a la que Yamal no puede ver siempre que quiere. “Muchas veces no me dejan pasar la frontera y hay veces que quiero estar con ella y no se me permite. Ella es española. Yo no. Pero quizá con la nueva ley pueda conseguir la residencia, tener un trabajo y vivir aquí y así la vería cada día”, explica.

Fatima Raissi :“Necesito trabajar para ayudar a mi hijo”

Hace tres años su marido la abandonó y la separación dejó una pensión de 150 euros para el niño que ambos tuvieron. Cada mañana se levanta para traerlo al colegio desde Castillejos, lugar al que decidió mudarse para encontrar un alquiler más asequible y seguir adelante. “Necesito trabajar para poder sacar adelante a mi niño pero sin papeles, sin residencia y sin nada, estoy condenada a no avanzar y eso no puedo permitirlo”, explica. Cree que la nueva ley será beneficiosa para al menos regularizar la situación “tan difícil que tengo”.

Zohra el Fegrachi: “En la frontera no creen que sea su madre”

Lleva ocho años separada de su exmarido que le da una ayuda de 200 euros al mes en concepto de manutención para la niña. “En Castillejos en contré una casa más barata en la que vivir y cada día nos levantamos a las 6 de la mañana para que mi hija llegue puntual al colegio aquí en Ceuta”. Si le dieran la residencia, no tendría que demostrar en la frontera cada día que ella es la madre de la niña y podría encontrar un mejor trabajo que le ayuda a conseguir ingresos para seguir adelante y dejar el contrabando entre un lado y otro de la frontera . “Por mi hija, lo que sea”.

Fatima Mankoub: “Quiero contribuir en la economía familiar”

Natural de Larache, tiene una niña de siete años y ahora está embarazada de un segundo hijo. Su marido está enfermo y tiene la cartilla amarilla como documentación. Pero ella no está regularizada y teme que a su marido, que está enfermo y no puede hablar, le pase algo y ella se quede sola con sus hijos y sin ni siquiera poder trabajar. “Quiero ayudar y no que dependamos de los 400 euros de ayuda que le dan a mi marido. Poder darle una buena educación a nuestros hijos y contribuir a llevar dinero para casa”, explica. Viven en el Barrio de las Latas en una casa de acogida y cada día acude al Príncipe Felipe a recibir clases de alfabetización para poder comunicarse con los demás y ayudar a su hija con los deberes. Espera que la ley mejore la situación que atraviesa.

Rabia Zaidi:“Quiero acompañar a mi hijo al doctor fuera”

Con cinco hijos y un marido con minusvalía, Rabia llegó de Tetuán hace casi 20 años para casarse, pero aún no tiene libro de familia “porque primero me casé por el Corán y me dicen que tenía que haberlo hecho por lo civil y al casarme con 17 años ni siquiera tenía pasaporte marroquí”. Inmersa en el mar de la burocracia, Rabia tan sólo pide que se pueda regularizar su situación para poder acompañar a uno de sus hijos a Sevilla, a donde debe acudir una vez al año para consultar y revisar la minusvalía que también sufre. “En Delegación me dan el paso pero una vez no pude acudir y al no poder ir mi marido por su problema, el niño no fue a la cita”, la menta. Ella espera que la nueva normativa le ayude a conseguir la residencia “simplemente para poder acompañar al médico a mi hijo sin problemas”.