La jefa del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad, Toñi Palomo, ha declarado en calidad de testigo este jueves ante la titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que lleva las diligencias penales abiertas a instancias de la Fiscalía contra Mateos y Deu por un presunto delito de prevaricación continuada a cuenta de la
expulsión de 55
niños migrantes marroquíes solos en agosto del año pasado al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería. La funcionaria ha reiterado que alertó, tanto por escrito como verbalmente, de que el mecanismo que se pretendía utilizar vulneraba la legislación nacional e internacional. Según fuentes jurídicas, la testigo ha repetido que el 10 de agosto, cuando la Secretaría de Estado de Seguridad remitió un escrito sin firma rogando que se iniciaran los llamados “retornos asistidos”, ella informó por escrito a instancias de Deu de que el propio Acuerdo bilateral de 2007 al que apelaban la Administración General del Estado y la local exige literalmente “que la situación de los menores no acompañados se gestione con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva y de las normas y principios del Derecho internacional”. Palomo también avisó de que no constaba la realización por parte de la delegada del Gobierno, competente para la ejecución de cualquier repatriación de niños extranjeros sin compañía, “actuaciones para dar cumplimiento al procedimiento previsto en el Reglamento de Extranjería para llevar a cabo los retornos a su país de origen”. Por todo ello pidió tanto a la Delegación del Gobierno como a la Secretaría de Estado de Seguridad que le indicasen “plazo previsto para dar cumplimiento a las previsiones del citado Acuerdo, así como del Reglamento de Extranjería, todas ellas competencia de la Administración General del Estado, a fin de poder llevar a cabo los retornos de los menores a Marruecos de conformidad con la legalidad vigente”. La respuesta de la institución de la plaza de los Reyes fue convocar a la Ciudad a u
na reunión con autoridades marroquíes en la frontera al día siguiente, 11 de agosto. En dicho encuentro Palomo volvió a manifestar, en esta ocasión verbalmente, su disconformidad con aquel proceder dejando constancia de que resultaba “contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
Igualmente remarcó que la entrega a Marruecos de menores tal y como se planteaba era “imposible por la legislación española” y ofreció alternativas para propiciar reagrupaciones familiares con los progenitores interesados, opción que se desechó desde el país vecino. A la vista de que se hacía caso omiso a sus reparos y de que Mateos y Deu (
“perfectamente conocedoras de su ilícito proceder” a juicio del Ministerio Público) mantenían su plan para la ejecución de las devoluciones exprés, Palomo informó tanto a la Fiscalía como a la Dirección General de Derechos de la Infancia (que también instó por escrito a Deu a cumplir la ley) del devenir de los acontecimientos que el 13 de agosto derivó en las primeras 15 expulsiones. Dos días después y 24 horas antes de que se dictasen las primeras medidas cautelares judiciales ordenando paralizar las deportaciones, Palomo solicitó amparo a la Fiscalía obligada por el artículo 174 del Código Civil. Durante la mañana de este jueves también ha declarado como testigo el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía en la frontera. La delegada, que estaba citada también este jueves por segunda vez para ser oída como investigada, ha solicitado otro aplazamiento por motivos de salud y su testifical se ha programado para el 5 de octubre.