El macrojuicio seguido en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta por blanqueo de capitales ha terminado este miércoles con las sesiones de vista oral que volverán a reanudarse el 13 de noviembre.
La sesión de la mañana se ha centrado en declaraciones de testigos que venían a acreditar, entre otros extremos, los pagos en efectivo que se hicieron por compras o alquileres.
Eso es de interés, porque la tesis que mantuvieron los investigadores es que el manejo del dinero en efectivo era la vía más utilizada por los acusados. Pagos y cobros ajenos a otras prácticas extendidas y comunes como el uso de tarjetas o la realización de transferencias.
Hoy han declarado ceutíes que alquilaron inmuebles o pisos pertenecientes a los acusados cuyas mensualidades pagaban en efectivo, como fue también en el caso de parte de una nave del polígono del Tarajal que fue objeto de análisis por los agentes del OCON-SUR que ya declararon en su día como autores de la investigación económica y patrimonial.
De esta manera se quería acreditar también la existencia de un flujo de ingresos económicos ajenos a los sueldos derivados de los trabajos que tenían los acusados, ingresos procedentes de alquileres de los cuantiosos inmuebles que gestionaban, algo que intentaron evidenciar las defensas.
En la jornada de hoy ha habido manifestaciones preñadas de olvido, como es el caso de la ofrecida por la madre y suegra de dos de los 12 acusados. El “no lo recuerdo” ha sido la respuesta más repetida a las constantes preguntas formuladas. Esa amnesia desapareció al rememorar que cuando le tomó declaración la Guardia Civil se cayó al suelo tras sufrir un desmayo porque un agente le dijo que “su yerno era un narcotraficante”.
Se le preguntó por la adquisición de un coche que figura como intervenido en la causa y cuya entrada, 5.000 euros, fue abonada en metálico por su yerno. Después se firmarían pagos de letras a 7 años por valor de 405 euros. Cada abono era recibido en un giro postal que enviaba su hija, acusada en este procedimiento, y que la testigo ingresaba en su cartilla para cumplir con las distintas letras. Desde junio de 2016 a agosto de 2019 se llevaría a cabo ese procedimiento cuestionado por la Fiscalía.
Todos esos extremos vienen recogidos en la declaración que ofreció en la Guardia Civil, aunque este miércoles poco o nada recordaba al respecto. Tampoco la dirección de la casa en la que se hospedó al venir a Ceuta durante una temporada por motivos de salud o el lugar de estancia en Marruecos.
También esta mañana se ha hablado de los caballos, existiendo diferencias, según quien declarara, sobre los precios que podían tener los ejemplares que conformaban la ganadería en la que irrumpió la Guardia Civil. Hasta 4.000 euros, según el expresidente de la Hípica, no más de mil, según un testigo que actuaba en ocasiones “para hacer algún papel” sobre los equinos.
El mayoral, es decir, quien se encargaba de cuidar los caballos, trabajaba para “la familia” a cambio de “techo, comida y tabaco”. “Han sido muy buenos conmigo, me daban tabaco, son como si fuera mi familia y les ayudó en todo”, ha declarado.
Él estaba cuando la Guardia Civil irrumpió para la práctica de los registros, lamentando, porque sigue teniéndolo atravesado, que fueron agentes de este Cuerpo los que “mataron” de “un disparo” a un perro que cuidaba.
“Era muy noble, le metieron un tiro. Ese perro no hacia daño nadie, estaba domado. La Guardia Civil lo mató, ¿eso es maltrato animal no?”, preguntó en varias ocasiones al tribunal tras recordar que halló al can en un charco de sangre.
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