En 2008 comenzó la obra de demolición del antiguo acuartelamiento del Parque de Artillería para lo que iba a ser una nueva
Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta. Han pasado 11 años y los terrenos, vacíos, sirven solo para aparcamiento de los vehículos de los feriantes y para sostener la única parte que pudo salvarse, el Pabellón de las Heras, al ser un Bien de Interés Cultural. Se pudo salvar de aquella manera, porque aunque las máquinas no lo derribaron el tiempo y la dejadez institucional se están encargando de hacerlo.
Todas las decisiones políticas adoptadas en torno al antiguo acuartelamiento fueron un despropósito. Se urgió su demolición prácticamente por una razón de Estado: la Guardia Civil no podía permanecer por más tiempo en Hadú, en una Casa Cuartel que se caía a pedazos y se suponía que ya en 2012 iba a poder ocupar una residencia para agentes y oficiales, con aparcamiento para 300 vehículos, galería de tiro, dependencias de atención al público y todas las demandas que pudiera presentar la Dirección General.
Hoy la Guardia Civil sigue donde siempre, su Casa Cuartel cada vez es más vieja y el solar del antiguo Parque de Artillería guarda un bien patrimonial cuya función se centra en acoger kilos y kilos de basura además de servir de inodoro improvisado y cobijo para los encuentros íntimos derivados de la prostitución ejercida en la zona por mujeres y algún esporádico hombre de Marruecos.
El presidente de la asociación Septem Nostra, José Manuel Pérez Rivera, lamenta la situación en que se encuentra el Pabellón y recuerda la lucha que se hizo para salvar todo el antiguo cuartel, pidiendo al Ministerio de Cultura que todo él fuera considerado bien protegido. Pero las famosas e interesadas ‘razones de Estado’ sirvieron para salvar solo una infraestructura que no muestra su mejor cara, a pesar de las continuas denuncias cursadas tanto por entidades sociales como partidos políticos y medios de comunicación.
“Lo que quedó fue el Pabellón”, recuerda Pérez Rivera, a pesar de que el cuartel llegaba a tener un mayor valor arquitectónico e histórico. “Se incluyó en el listado de edificios protegidos, pero su estado de conversación es lamentable. Cada día es peor, se ha convertido en foco de todo tipo de residuos”, lamenta.
Septem Nostra exige a las administraciones “un mínimo de coherencia” porque “igual que, con razón, a los ciudadanos se nos exige que cumplamos ciertas obligaciones, las administraciones tienen que dar ejemplo. No es de recibo que un edificio que está protegido se encuentre en este abandono”, expone en declaraciones a El Faro.
Incongruentemente las administraciones sí alardean de cumplir con una protección que cualquier ciudadano puede comprobar que no existe. Sucede con este Pabellón pero también con otros bienes que han dado pie a artículos periodísticos, el más reciente el alusivo al estado de la antigua cárcel de mujeres o los cuantiosos relacionados con el edificio de La Sirena.
“Hay responsabilidad del dueño de ese edificio, que imagino que será el Ministerio de Interior. Hay otra segunda administración, en este caso la autonómica que tiene que hacer cumplir las normas urbanísticas respecto a edificios protegidos que deben ser mantenidos tal cual. La ley permite actuar de forma subsidiaria y pasar la minuta al dueño del edificio. La administración tiene recursos pero falta voluntad. Se ha denunciado en muchas ocasiones pero falta que se cumpla la ley. La Ciudad debe exigir de manera oficial que el propietario mantenga ese edificio. Lo que no se puede hacer es caer en la inacción porque ese edificio se va a venir abajo”, concreta Pérez Rivera.