Éste es ya el cuarto artículo que en cuatro años publico en El Faro de Ceuta sobre el tesoro del buque ‘San José’, el galeón de la Armada española hundido el 8-06-1708 - hace 311 años - por un buque cañonero de corsarios ingleses cuando navegaba en aguas del “mar territorial” de Cartagena de Indias (Colombia), transportando el mayor tesoro del mundo que permanece en el fondo del mar: 200 toneladas de monedas de oro, plata, lingotes y joyas de gran valor. Con su hundimiento, también se fueron ahogados al fondo del mar 590 marineros españoles, salvándose sólo 11. El tesoro fue luego hallado el 27-11-2015 por una compañía norteamericana de cazatesoros creada en 2013, parece ser que controlada por otra firma del paraíso fiscal de las Islas Caimán. Su hallazgo fue anunciado el 4-12-2015 por el ex presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que lo declaró “secreto de Estado”.
Y reincido de nuevo en el asunto por tres motivos: 1º Porque parecen estarse cumpliendo mis temores expuestos en artículos anteriores, en los que alertaba que, como España se descuidara, sería ignorada en la participación en el tesoro, cuyas aviesas intenciones se veían ya venir en cuanto Santos (que tanto gustaba venir a España a pedir) declaró que el “San José” y su tesoro eran de la exclusiva propiedad de Colombia, por haber sido hallado en el fondo de sus “aguas territoriales” (también llamadas “aguas nacionales” y “mar territorial”). Y es que, modestamente entiendo que nuestro país tiene derecho a participar en ese tesoro, conforme a lo dispuesto por el Derecho Internacional Marítimo. 2º. Por la favorable oportunidad que, de cara a una posible negociación, creo que ahora ofrece el reciente nombramiento del ministro Borrell como Alto Representante de la Unión Europea. 3º. Porque es un tema muy atrayente, que conozco bien desde los años que impartí clases de Derecho Marítimo en la Escuela de Hacienda Pública en Madrid.
Colombia podría llevar razón si se tratara del caso general de una embarcación civil, o incluso estatal no registrada oficialmente. Sin embargo, cuando se trata de un buque de guerra, el planteamiento jurídico cambia totalmente, como veremos enseguida. Pero antes aclaro que, efectivamente, mis temores parecen confirmarse, dado que el actual presidente colombiano, Ivan Duque, sucesor de Santos, que antes acusó a éste de no repartir el tesoro con España y que el “proceso vergonzoso seguido debía aclararlo”, abogando entonces por crear un Museo de hermandad con España y otros países, pues ahora ha declarado que su gobierno “no ahorrará esfuerzos en defender el patrimonio de todos los colombianos”. O sea, que el cambio dado por Duque no ha podido ser más brusco, engañoso y falto de seriedad.
Pero, para una mejor comprensión del asunto por quienes lo desconozcan, aclaro también qué ha de entenderse por “mar territorial” de un país ribereño, que era la excusa puesta por Santos para arrogarse todo el tesoro para Colombia. Y el artículo 3, tanto de la Convención de Jamaica, firmada en Montego Bay en 1982, ratificada por España y Colombia, reguladora de los derechos sobre el mar, como también el Convenio de Ginebra de 1958 sobre la Alta Mar, disponen que las “aguas territoriales” de un país se extienden hasta 12 millas marinas, medidas desde las “líneas de base recta”.
Sobre esas “aguas territoriales” los Estados ribereño ejercen su “plena soberanía” no sólo en el mar, sino, también sobre el lecho o subsuelo por ellas bañado, más sobre la columna del espacio aéreo que encima emerge y sobre sus “aguas interiores”, que son las que quedan encerradas entre las líneas de base recta trazadas para poder medir el alcance en el mar de las 12 millas marinas, uniendo los salientes y entrantes de las sinuosidades pronunciadas de la costa, sobre cuya recta que los une se miden luego dichas 12 millas. Los países ribereños ejercen también su “soberanía”, pero ya más limitada, sobre las “aguas contiguas” al mar territorial (24 millas), su “zona económica exclusiva” (200 millas) y su “plataforma continental”. No puedo desarrollar detalladamente cada uno de estos tres últimos espacios marinos en un solo artículo.
Pero el Derecho Internacional Marítimo, además de otorgar la soberanía, jurisdicción y control sobre el “mar territorial” a países bañados por el mar, también concede la llamada “inmunidad soberana” a los buques de guerra de los demás Estados cuando naveguen por “aguas territoriales” del Estado ribereño, prevaleciendo entonces el principio de “inmunidad” sobre el principio de “territorialidad”. Esta “inmunidad” consiste en que el Derecho Internacional reconoce a los buques de guerra (caso del “San José”), como si fuesen una prolongación del territorio del país de su abanderamiento, sin que el país ribereño pueda inspeccionarlos, siempre que se navegue con “paso inocente”, sin cometer dentro de las “aguas territoriales” ningún delito ni hostilidad contra el país ribereño. Y el cargamento que el buque de guerra transporte, si es lícito (como era el del “San José” transportando monedas de curso legal), sigue perteneciendo al Estado de abanderamiento. Por lo que el tesoro hundido continúa perteneciendo a España, aunque con las limitaciones que expondré.
La doctrina internacional tiene muy en cuenta la propiedad del tesoro (española) y el respeto a la llamada “tumba humana” (los 590 españoles ahogados). En el caso parecido del buque “Mercedes”, cuyo tesoro fue rescatado del “mar territorial” español por el buque norteamericano Odyssey, el Tribunal de Tampa en Florida, primero, y la Corte de Apelación de los EEUU, después, estimaron la demanda española. Aunque el artículo 149 de la Convención de Jamaica dispone luego que todos los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados serán conservados para beneficio de toda la humanidad, teniendo particularmente en cuenta los derechos preferentes del Estado de origen cultural, de origen histórico y origen arqueológico. Esto significa que el tesoro devuelto no puede ser objeto de venta, transacción comercial ni expoliación.
La Convención de la UNESCO de 2-11-2001, dicta normas sobre protección del patrimonio cultural subacuático en parecidos términos, aunque Colombia no la ha firmado, y las distintas normas son muy complejas, incluso algunas contradictorias entre sí. Por eso, en mis anteriores artículos sugería que, antes de decidir España pleitear por el tesoro del “San José”, debía formular una reclamación ante Colombia por haber sido hallado en sus “aguas territoriales”. Colombia desestimaría la reclamación española, pero después España podría apelar en segunda instancia al Tribunal de Hamburgo, donde creo que fallaría a nuestro favor, a la vista de la casuística y precedentes que la doctrina internacional ya tiene sentados.
Eso sí, se trataría de un litigio jurídico muy complejo, muy costoso y dilatado, por los motivos siguientes: 1º. La plata que transportaba el “San José” parece ser que procedía de las minas de Potosí (Bolivia) y habría que respetar su origen. 2º. Todo el cargamento del “San José” no era propiedad del Estado español; también llevaba a bordo varias cajas fuertes propiedad de algunos particulares, cuyos actuales posibles descendientes podían también reclamar si alguno pudiera acreditar documentalmente la propiedad y la familiaridad de su antepasado. 3º. Al tratarse de un “hallazgo” en el mar, la empresa cazatesoros podría exigir hasta el 50 % del tesoro por haberlo descubierto, y de hecho creo que ya lo ha exigido.
En base a tal complejidad, sugería en uno de mis artículos que España y Colombia se avinieran a negociar y se pusieran de acuerdo para repartirse el tesoro como legalmente proceda, sin que pudieran comercialmente explotarlo ni expoliarlo, sino sólo conservarlo para mostrarlo en beneficio de la humanidad. Con ello, España estaría protegiendo, sobre todo, un bien que considero muy superior a todos los demás, como sería el recuerdo, respeto y dignidad nacional hacia la santa memoria de recuperar los restos humanos que de nuestros marineros ahogados pudieran quedar, para poder rendirles un homenaje nacional y darles digna sepultura, honrando su memoria colectiva.
Me consta que, en una reunión mantenida en Colombia de los entonces Ministros de Asuntos Exteriores español, Manuel García-Margallo y la colombiana María Ángela Holguín, ambos mostraron sus “discrepancias” sobre la propiedad del tesoro, aunque convinieron en buscar fórmulas de entendimiento que permitieran alcanzar un acuerdo. Creo que también nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, ha realizado alguna gestión cerca de las autoridades colombianas; pero en ambos casos, al menos que sepa, nada oficial ni efectivo, sino meros posicionamientos políticos estratégicos para cubrir el expediente y que no se diga que no se ha hecho nada. Más, como antes refiero, el actual presidente colombiano, Ivan Duque, durante el período electoral que le condujo a la presidencia, utilizó el tesoro del “San José” como arma arrojadiza contra su oponente Santos culpándole de pretender dejar fuera del reparto a España. Pero se ve que la política es igual de demagógica y falsa tanto en el ámbito nacional como en el de las relaciones internacionales.
Más existen indicios racionales fundados de que durante la presidencia del colombiano Santos, podría haberse estado expoliando el tesoro, toda vez que alguna empresa británica de cazatesoros habría realizado excavaciones subacuáticas pagadas con parte del tesoro encontrado, según fue objeto de investigación por la Procuraduría General colombiana, por falta de transparencia y quiebra de la seguridad jurídica; cuyo expolio arqueológico resultaría ser una aberración jurídica y científica impresentable e inadmisible ante la comunidad internacional, denunciada por las autoridades académicas colombianas.
De hecho, el actual presidente Duque, entonces candidato a la presidencia, tachó a Santos de promover un “proceso vergonzoso que era necesario aclarar, abogando por crear un Museo de hermandad con España y otros países”. Esta postura coincidía con mi sugerencia formulada en mi primer artículo. Más la Universidad Nacional de Colombia había emitido un informe aconsejando al Gobierno colombiano que no interviniera el sitio donde naufragó el galeón español. También en Colombia se incoaron varios procedimientos judiciales que igualmente se oponían a la explotación comercial del tesoro en la forma como Santos había negociado con la sociedad cazatesoros.
El 4-06-2018, volví a escribir otro artículo denunciando públicamente estos hechos, sugiriendo al entonces gobierno de España que formulara la reclamación procedente y, paralelamente, negociara con el de Colombia. Toda esta serie de hechos, argumentos y razonamientos jurídicos descritos parece que fueron los que obligaron al ex presidente Santos a que el 23-07-2018 suspendiera y abandonara su proyecto inicial de expoliar el tesoro si era explotado por dicha empresa, encargándose él mismo de anunciarla a Colombia y al mundo en los siguientes términos: “He tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso”, aduciendo como principal motivo el hecho de que el asunto estaba “sub iudice” (judicializado).
Con lo que parecía haberse impuesto la cordura y el sentido común, dado que la mayoría de las Universidades, autoridades académicas y especialistas colombianos, no han dudado en declarar inmediatamente a los medios que “no se trata de arqueología ni de ciencia, sino que es un crimen arqueológico, porque destruye la unidad del yacimiento, para su venta, sin que tampoco se respete la tumba de los 590 marineros españoles”; añadiendo que, “ello supone un desafío a la Convención de la UNESCO”.
Llama poderosamente la atención el hecho muy significativo de que Santos, el 3 de agosto, sólo dos días antes de tener que abandonar la presidencia colombiana, cambió, “in extremis” incomprensible, obedeciendo no se sabe a qué oscuros intereses; lo que denota una manifiesta falta de seriedad y rigor a la que los políticos nos tienen tan acostumbrados. Y es por ello que, modestamente, vuelvo a sugerir que el ministro Borrell, ya nombrado Alto Representante de la Unión Europea, pues influya cerca del Gobierno español para que formule la reclamación oficial del tesoro ante Colombia y, simultáneamente, negocie tan importante cuestión con el nuevo presidente colombiano, Iván Conde, quien en su programa electoral a la presidencia era firmemente partidario de la negociación entre ambos países para la coparticipación en el tesoro de España y Colombia.
Con ello, se estarían defendiendo dignamente los intereses de España y la honrosa memoria de nuestros 590 marineros muertos que infortunadamente se hundieron con el barco.
