El Comité de Empresa de Trace me emplaza a dar una explicación pública sobre “el lado en el que estoy”. La pregunta en sí mismas no deja de ser un tano extravagante, pero en cualquier caso, y como siempre, no tengo el menor inconveniente en acceder a lo solicitado. Me resulta extraño que el Comité de Empresa no sepa el lugar en el que estoy respecto a su plantilla. Durante los últimos treinta años he negociado codo con codo con ellos todos y cada uno de sus convenios colectivos (exceptuando el último apenas sin contenido), que les permiten gozar de unas excelentes condiciones de trabajo. Mi implicación personal ha sido directa y total (ellos lo saben sobradamente). No sólo eso. En infinidad de ocasiones he participado en la resolución de conflictos laborales de numerosos componentes de la plantilla. En relación con el pronunciamiento de Caballas sobre el incidente del Príncipe, he de manifestar que su contenido me parece impecable. Se lamenta la agresión, se pide que se actúe contra los agresores, se incide en la responsabilidad de las autoridades por la falta de seguridad, y se lamenta la política con la que se aborda el problema del Príncipe. Así mismo, se dice que “no se comparte la decisión de no prestar el servicio en el Príncipe”. Supongo que esta afirmación es la que provoca la invectiva. Si es así, no existe el menor inconveniente en explicarlo. Para los sindicatos de clase (CCOO y UGT), los servicios públicos constituyen una pieza esencial del estado democrático. Luchamos por defenderlos y dotarlos de los recursos humanos y medios materiales necesarios para que cumplan con garantías la importante función que les asigna la constitución. El sindicalismo de clase propugna que es perfectamente compatible (e incluso complementario) la defensa de los servicios públicos con la de los intereses de los trabajadores que los prestan. En este caso no estamos ante una excepción. Los trabajadores de Trace tienen todo el derecho del mundo a realizar su labor en condiciones adecuadas, En esta reivindicación tienen, como siempre, no sólo mi apoyo incondicional, sino mi predisposición activa para emprender cuantas acciones fueran menester. Pero en los mismos términos, no sólo yo, también UGT y CCOO defienden el derecho de los ciudadanos a recibir la prestación de los servicios públicos esenciales (al menos eso pone en sus documentos). Y ambas cosas son (y hay que hacerlas) perfectamente compatibles. Evidentemente ningún trabajador debe poner su vida en riesgo. Si las condiciones de trabajo del Príncipe no garantizan la seguridad de los operarios, este hecho debería haber sido puesto en conocimiento de la empresa y del Gobierno de la Ciudad (supongo que se habrá hecho), en caso de no atender tan justa reivindicación, se debería haber promovido la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo (supongo que se habrá hecho); y en caso de que esta no haya actuado, o no se hubieran asumido sus requerimientos, se debería haber interpuesto la pertinente acción legal que debería haber culminado con la exigencia de la adopción de las medidas oportunas o, en caso de incumplimiento, con la suspensión del servicio. Además de ello, también cabría una declaración de huelga u otro tipo de movilización al respecto. Lo que todo el mundo sabe (incluido el Comité de Empresa) es que no se puede adoptar una decisión unilateral, al margen de todo procedimiento legalmente establecido, que priva de un servicio esencial a miles de personas inocentes. Se trata, sin duda, de un error bienintencionado. Creo que el Comité ha obrado guiado por la solidaridad con sus compañeros que han sufrido una agresión intolerable, intentando hacerlo de la manera más contundente posible. En este sentido, tienen todo mi apoyo y comprensión. Pero a veces nos dejamos llevar por las emociones sin reparar en que las personas que prestan servicios públicos no pueden perder de vista esta dimensión social de su actividad profesional. La referencia a los votos ni siquiera las voy a tener en cuenta. En determinados estados de ánimo se dicen cosas sin pensar.